Sweden's Reserved 'Daddy Months' in Parental Insurance (Pappamånaden 1995–2016)
Sweden
Sweden's daddy months — 1 non-transferable month for fathers in 1995, 2 in 2002, 3 in 2016 — cut the …
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Aprobado por referéndum en 2022, el Código de las Familias de Cuba impone el reparto del cuidado doméstico entre cónyuges, prohíbe la discriminación por sexo e identidad de género y refuerza la protección contra la violencia familiar (66,85% a favor, 74% de participación).
El 25 de septiembre de 2022, Cuba celebró un referéndum nacional, promovido por la Asamblea Nacional del Poder Popular junto con la Federación de Mujeres Cubanas, sobre un Código de las Familias totalmente reescrito (Ley n.º 156/2022) que sustituyó al código de 1975, tras un proceso de consulta pública que incluyó cerca de 79.000 reuniones de barrio.
El nuevo Código convierte el reparto de las responsabilidades domésticas y de cuidado entre cónyuges en un deber jurídico explícito, prohíbe la discriminación por sexo, identidad de género y orientación sexual, trata la protección frente a la violencia familiar como una obligación del Estado, legaliza el matrimonio y la adopción entre personas del mismo sexo, regula por primera vez la gestación subrogada altruista (no comercial), y eleva la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años para ambos sexos, poniendo fin a una excepción anterior que permitía a las niñas casarse a los 14 años.
El referéndum se aprobó con un 66,85% de votos a favor frente a un 33,15% en contra, con una participación del 74,12%, una votación genuinamente reñida para los estándares cubanos.
El examen del Comité CEDAW de la ONU de octubre de 2024 acogió con satisfacción la reforma y la alta representación parlamentaria femenina de Cuba, pero señaló brechas persistentes entre el texto de la ley y la realidad vivida, incluidas preocupaciones no resueltas sobre la trata con fines sexuales y la carga del trabajo de cuidados no remunerado. Human Rights Watch, sin cuestionar el fondo de las reformas, advirtió que un Estado de partido único, con medios estrechamente controlados y sin supervisión electoral independiente, no debería supeditar los derechos de la familia y de las minorías a una votación popular, y señaló que actualmente ningún organismo independiente de la sociedad civil cubana audita su implementación.
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