La Ley de Paridad de Género de Nicaragua — Cifras Récord, Sustancia en Erosión

La Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades de 2008 de Nicaragua y las reformas electorales de 2012 exigen un número igual de candidatas y candidatos en las listas partidarias para elecciones nacionales, regionales y municipales. La implementación ha producido algunas de las cifras de representación femenina más altas del mundo: las mujeres ocupaban el 45,7% de los escaños de la Asamblea Nacional en 2017 y el 53,9% (49 de 91 escaños) en 2024, según datos de la Unión Interparlamentaria, situando a Nicaragua en tercer lugar mundial, tras Ruanda y Cuba.
Sin embargo, el mismo periodo ha visto el desmantelamiento paulatino de la sociedad civil feminista independiente bajo el gobierno Ortega-Murillo. Human Rights Watch informa que aproximadamente el 80% de las ONG activas en Nicaragua, incluidas decenas de organizaciones de derechos de las mujeres y de lucha contra la violencia de género, han sido cerradas como 'agentes extranjeros' desde 2018; todos los refugios independientes contra la violencia doméstica que existían antes de 2018 han cerrado desde entonces. Las defensoras de los derechos humanos de las mujeres enfrentan detenciones arbitrarias, acoso y prohibiciones de viaje, según múltiples testimonios documentados.
El caso ilustra claramente una lección para la práctica basada en evidencia: una cuota de paridad impuesta legalmente puede producir cifras impresionantes de representación descriptiva mientras la infraestructura cívica subyacente y la voz independiente por los derechos de las mujeres se deterioran, lo que significa que el mero cumplimiento de la cuota es un mal indicador de una igualdad de género genuina.