Área Protegida de las Islas Phoenix — Fondo Fiduciario de Licencia de Pesca Inversa

El Área Protegida de las Islas Phoenix (PIPA) fue establecida formalmente por Kiribati en 2008 (basándose en normativas de 2006), ampliada hasta cubrir 408.250 km² de océano, e inscrita como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2010. Para financiarla sin simplemente renunciar a ingresos, Kiribati, Conservation International y el New England Aquarium diseñaron un mecanismo de "licencia de pesca inversa": un fondo fiduciario (PIPA Conservation Trust) cuyos intereses compensarían al gobierno por las tasas de licencia de las flotas atuneras extranjeras a las que renunciaba a medida que se cerraba más área a la pesca comercial bajo un Contrato de Conservación.

En 2015, Kiribati fue más allá y declaró la PIPA zona de veda total, en su momento una de las mayores áreas marinas totalmente protegidas del mundo. Pero el mecanismo de financiación nunca alcanzó esa ambición: la meta de la segunda fase del fondo para 2014 era de 13,5 millones de dólares, y solo los costos de gestión ascendían a unos 550.000 dólares al año, dejando pocos intereses del fondo disponibles como compensación real.

Para 2021, el fondo había recaudado solo unos 7 millones de dólares. Un panel independiente determinó que la demanda de licencias de pesca de Kiribati había caído un 8% desde el cierre de 2015, lo que se tradujo en una pérdida estimada de 60 a 140 millones de dólares en ingresos por pesca de cerco y 5,9 millones en ingresos por pesca de palangre hasta 2021, en un país donde las licencias de pesca aportan más del 70% de los ingresos gubernamentales. Citando este déficit y la incapacidad del fondo para cumplir la compensación prometida, el Gobierno de Kiribati levantó el cierre total de la PIPA en noviembre de 2021, adoptando un enfoque de Ordenación del Espacio Marino que vuelve a permitir cierta pesca comercial.

La PIPA debe leerse como un caso de advertencia honesto para la financiación de servicios ecosistémicos: un mecanismo de pago inverso jurídica e institucionalmente sofisticado, respaldado por grandes ONG de conservación y una designación de la UNESCO, que sin embargo no logró recaudar suficiente capital para igualar el valor económico real que pedía renunciar a un pequeño estado insular.