Compensación de Biodiversidad bajo la Ley de Gestión de Recursos (Nueva Zelanda)

En virtud de la Ley de Gestión de Recursos de 1991 (RMA) de Nueva Zelanda, las actividades que dañan la biodiversidad indígena deben primero evitar, minimizar y remediar sus efectos en el lugar; solo los impactos residuales e inevitables pueden abordarse mediante compensación de biodiversidad. En 2014, el Gobierno de Nueva Zelanda —el Department of Conservation y el Ministerio de Medio Ambiente— publicó la "Guía de Buenas Prácticas de Compensación de Biodiversidad en Nueva Zelanda" para estandarizar cómo las autoridades que otorgan permisos y los solicitantes diseñan, dimensionan y monitorean las compensaciones, en torno a un objetivo declarado de "pérdida neta nula" y, preferiblemente, una ganancia neta de biodiversidad.

Para calificar, una compensación debe generar ganancias de conservación medibles —restauración de hábitat, protección o control de plagas— equivalentes o superiores a lo perdido. La jurisprudencia sobre permisos de recursos muestra la guía aplicada en contextos muy distintos: en Waikatea Station se aceptó una compensación de 799 hectáreas de bosque de podocarpáceas y frondosas para autorizar el desbroce de 354 hectáreas de matorral de kanuka; en Lower Waitaki, la creación y mejora de humedales compensó los impactos de una represa hidroeléctrica; y en la propuesta de cantera de Brookby, se asignaron 112 hectáreas de revegetación y 190 hectáreas de control de plagas en cuatro tipos de ecosistemas como compensación.

El principio de "pérdida neta nula" se reforzó a nivel nacional en la Declaración de Política Nacional sobre Biodiversidad Indígena de 2023, ampliando el papel de la compensación más allá de los permisos individuales de la RMA. La compensación en sí sigue siendo discrecional, no obligatoria, bajo la RMA, aplicándose caso por caso a criterio de las autoridades y los solicitantes.

La evaluación independiente plantea dudas reales sobre su cumplimiento. Un estudio de cumplimiento revisado por pares sobre 81 permisos de recursos en Nueva Zelanda, que abarcó 245 condiciones de compensación ecológica, encontró que el 35,2% de esas condiciones no se estaban cumpliendo en la práctica (Impact Assessment and Project Appraisal, 2013). Comentarios jurídicos sobre casos como el de Bayly Trust también señalan que los tribunales a veces han aceptado compensaciones cuyo beneficio neto de conservación fue cuestionado, lo que ilustra una brecha entre la ambición de pérdida neta nula de la guía y lo que se verifica sobre el terreno.