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La política nacional de CBNRM de Botsuana (2007, pilotada desde los años 90) canaliza ingresos del turismo y la caza hacia unos 100 fideicomisos comunitarios que cubren ~22% del territorio nacional, junto a una población de elefantes en recuperación, pero con casos documentados de captura por élites, reparto desigual de ingresos y una costosa prohibición de caza entre 2014-2019.
El Programa de Gestión Comunitaria de Recursos Naturales (CBNRM) de Botsuana permite que las aldeas de zonas comunales formen Organizaciones Comunitarias de Base (CBO) o fideicomisos registrados, que mantienen concesiones sobre Áreas de Gestión de Vida Silvestre y Áreas de Caza Controlada, obteniendo ingresos de turismo y, cuando se permite, de concesiones de caza de safari, a cambio de gestionar la vida silvestre y otros recursos naturales en sus tierras. Puesto a prueba desde principios de los años 90 (el proyecto Chobe Enclave, desde 1993, es un ejemplo temprano) y formalizado a nivel nacional mediante la Política de CBNRM de 2007, está supervisado por el actual Ministerio de Ambiente, Conservación de Recursos Naturales y Turismo, a través del Departamento de Vida Silvestre y Parques Nacionales.
A mediados de la década de 2000, unas 150 aldeas en 10 distritos, que abarcaban a más de 135.000 personas - alrededor de una décima parte de la población de Botsuana - estaban involucradas, y el programa abarca hoy del orden de 100 fideicomisos comunitarios activos. Las Áreas de Gestión de Vida Silvestre y las áreas de conservación comunal relacionadas cubren una parte sustancial del territorio nacional (las cifras del propio gobierno de Botsuana de 2004 sitúan la tierra CBNRM/WMA establecida y propuesta en torno al 22% del país). Según la regla de reparto de ingresos de la política, el 65% de lo recaudado por una CBO al vender cuotas de caza o concesiones va al Fondo Ambiental Nacional, quedando el resto en manos de la CBO. En Chobe Enclave, las ventas de concesiones de turismo y caza generaron a la comunidad cerca de 200.000 dólares en 2002, con la caza aportando históricamente alrededor de dos tercios de ese ingreso; a nivel nacional, el turismo vinculado al CBNRM se ha estimado en torno al 3,5% del valor turístico total, y la caza de safari, antes de su prohibición, sostenía por sí sola unos 600 empleos y cerca del 15% de los ingresos turísticos. En el mismo periodo, la población de elefantes de Botsuana creció de una estimación de 80.000 en 1996 a más de 129.000 en 2014, manteniéndose por encima de 130.000 durante unos 15 años - una de las pocas poblaciones de elefantes estables o en crecimiento del continente - aunque esta tendencia refleja las políticas más amplias de Botsuana contra la caza furtiva y de uso del suelo, no solo el reparto de ingresos del CBNRM.
El balance es mixto. La literatura académica y de políticas documenta captura por élites en algunos fideicomisos, débil capacidad empresarial y distribución desigual de ingresos entre los miembros; los registros de CBO se estancaron entre 2009 y 2012. La prohibición nacional de caza de 2014 redujo drásticamente los ingresos comunitarios - una estimación de 6 millones de dólares en tarifas de licencia perdidas, afectando a unas 800 familias - antes de que el gobierno revirtiera la prohibición en 2019, en parte en respuesta al aumento de los conflictos entre humanos y elefantes; los conservacionistas siguen divididos sobre si esa reversión conlleva riesgos propios. Un análisis de políticas del South African Institute of International Affairs concluye que las comunidades están, en general, mejor con el CBNRM que sin él, aunque subraya que la gobernanza de los fideicomisos necesita fortalecerse sustancialmente, y que la sequía provocada por el cambio climático está agravando la presión de los conflictos entre humanos y vida silvestre sobre el modelo.
Más información: https://www.frontiersin.org/journals/sustainable-tourism/articles/10.3389/frsut.2023.1296959/full
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