Proyecto Hídrico de las Tierras Altas de Lesoto — Pagos Transfronterizos de Regalías por el Agua

En virtud del Tratado de 1986 sobre el Proyecto Hídrico de las Tierras Altas de Lesoto, la Autoridad de Desarrollo de las Tierras Altas de Lesoto (LHDA) y la Trans-Caledon Tunnel Authority de Sudáfrica operan conjuntamente un sistema de presas y más de 120 km de túneles de 5 metros de diámetro que transfieren agua de los ríos de las tierras altas de Lesoto al sistema del río Vaal en Sudáfrica. Las presas de Katse y Mohale están terminadas y en funcionamiento; la presa de Polihali (Fase II) está en construcción, con finalización prevista hacia 2030. El esquema transfiere actualmente unos 800 millones de metros cúbicos de agua al año, cubriendo cerca del 60% de las necesidades de agua de los aproximadamente 5,5 millones de habitantes de Johannesburgo.

A cambio, Sudáfrica paga a Lesoto una regalía por el agua transferida —actualmente casi R4.000 millones (unos US$240 millones) al año, equivalente a cerca del 15% de todo el presupuesto gubernamental de Lesoto—, una cifra que ha subido con fuerza desde los R780 millones (cerca del 5% de los ingresos estatales fuera de impuestos) de 2015. Es uno de los pagos transfronterizos más grandes y de mayor duración del mundo por un servicio hidrológico a granel.

Los beneficios del esquema para el tesoro nacional de Lesoto son grandes y están bien documentados, pero sus beneficios para las comunidades de las tierras altas cuyas cuencas generan el agua son objeto de controversia. Las comunidades desplazadas durante las dos primeras fases de construcción no fueron, según relatos locales, "tratadas bien ni compensadas adecuadamente", y algunas fueron reasentadas en zonas sin electricidad, agua ni saneamiento, y sin acceso a tierras de pastoreo comunitarias. En noviembre de 2025, representantes de comunidades de 18 asentamientos (que afectan al menos a 72 comunidades en total) presentaron una queja ante el Banco Africano de Desarrollo, alegando que el proyecto se promociona como infraestructura climáticamente positiva mientras provoca contaminación de cursos de agua, pérdida de tierras cultivables, degradación forestal y menor acceso a pastos, sin consulta ni reparto de beneficios adecuados; la compensación se describe en esa cobertura como "a menudo escasa y tardía".

El proyecto ilustra así tanto la escala que puede alcanzar un pago nacional basado en un tratado por un servicio ecosistémico de cuenca hidrográfica, como la brecha de gobernanza que puede persistir entre un flujo de pago de nivel nacional y los guardianes locales del ecosistema que realmente genera el servicio.