Directrices nacionales de Mauricio sobre el uso de la IA en la educación superior

La Comisión de Educación Superior (HEC) de Mauricio, regulador estatutario de la educación superior del país, publicó en junio de 2025 las "Directrices sobre el uso de la IA en la Educación Superior", elaboradas por la profesora Romeela Mohee y la Dra. Anjusha Durbarry mediante un proceso de política pública en siete pasos recomendado por la Commonwealth of Learning (COL). Estructurado en cuatro pilares —Gobernanza; Enseñanza, Aprendizaje, Evaluación e Investigación; Ética; y el Futuro de la IA en la Educación Superior—, el documento se basó en tres encuestas independientes a directivos institucionales, personal académico y estudiantes, supervisadas por un comité que incluyó al Ministerio de Educación Terciaria, Ciencia e Investigación, la Universidad de Mauricio, la Universidad Abierta de Mauricio, la Universidad de Tecnología de Mauricio y el Consejo de Tecnologías Emergentes de Mauricio.

El capítulo de Ética se fundamenta explícitamente en la legislación mauriciana: el derecho a la privacidad conforme al Artículo 9 de la Constitución y al Artículo 22 del Código Civil mauriciano, y la Ley de Protección de Datos de 2017 (alineada con el RGPD de la UE), que las directrices citan como base para exigir un tratamiento de datos lícito, leal y transparente (Sección 21(a)), medidas de seguridad (Secciones 31 y 34) y Evaluaciones de Impacto sobre la Protección de Datos. El Artículo 16 de la Constitución (no discriminación) sustenta las disposiciones sobre sesgo y equidad. Se recomienda a las instituciones establecer un "Comité de Ética y Cumplimiento de IA" y un "Comité de Riesgo y Auditoría de IA", un canal formal para denunciar filtraciones de datos, deshonestidad académica y sesgo algorítmico, requisitos de anonimización, cifrado y control de acceso para los datos de estudiantes y personal, y la obligación de divulgar cuándo se usa IA en calificaciones o admisiones. Las directrices fueron presentadas oficialmente por el Ministro de Educación Terciaria, Ciencia e Investigación en un taller de validación con más de 50 representantes de instituciones públicas y privadas; según allAfrica.com, la iniciativa subyacente involucró a 95 funcionarios de seis instituciones públicas.

Las directrices son honestas sobre la brecha que buscan cerrar: la encuesta de referencia encontró que el 65% de los directivos institucionales declaró que su institución carecía de una política formal de IA, solo el 28% del personal académico y el 23% de los responsables de políticas se sentían adecuadamente capacitados en IA, y el 59% del personal académico nunca había usado IA para evaluación o calificación. Fundamentalmente, el marco no es vinculante: el documento reitera que "corresponde a cada institución de educación superior desarrollar su propio Marco de Política Ética de IA", sin un régimen de sanciones descrito para el incumplimiento, y se presenta explícitamente como "un documento vivo" que "evolucionará continuamente", lo que significa que la versión de junio de 2025 es una primera iteración y no una política asentada y exigible.