Ley Orgánica n.º 58 sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

La Asamblea de Representantes del Pueblo de Túnez aprobó la Ley Orgánica n.º 58 el 26 de julio de 2017, con 146 votos a favor de 217 diputados, sin abstenciones. La ley entró en vigor en febrero de 2018. Su elaboración contó, desde 2014, con el apoyo de ONU Mujeres, junto con el Consejo de Europa, la Unión Europea, el PNUD, el ACNUDH, el UNFPA y la ONUDD, que aportaron revisiones, recomendaciones y un análisis artículo por artículo presentado al parlamento.

La ley adopta una definición amplia de la violencia, que abarca las formas física, económica, sexual, política y psicológica, y establece mecanismos de protección que dan a las sobrevivientes acceso a apoyo jurídico y psicológico. Modificó el artículo 227 del Código Penal, eliminando una disposición que anteriormente permitía a los autores de actos sexuales contra menores evitar la pena casándose con la víctima.

Para diciembre de 2016, cinco ministerios - Asuntos Sociales, Justicia, Mujer/Familia/Infancia, Interior y Salud - habían adoptado protocolos multisectoriales con reuniones mensuales de seguimiento de casos para coordinar el apoyo a las sobrevivientes entre los servicios de justicia, salud y vivienda.

Las evidencias recabadas tras la aprobación de la ley apuntan a una brecha significativa en su aplicación. Una evaluación del Programa Sur del Consejo de Europa, realizada un año después de la promulgación, constató que la asignación presupuestaria para la ley era "reducida o inexistente" y que la formación de las partes interesadas era insuficiente. Una encuesta académica de 2023 a 110 mujeres tunecinas encontró que el 45,5% había sufrido violencia de género, el 37,3% desconocía la existencia del marco legal, solo el 22,2% de las víctimas que sufrieron violencia emprendió acciones legales, y el 83,3% consideraba que la ley no era lo suficientemente estricta para disuadir a los agresores.

La Ley n.º 58 de Túnez se incluye aquí como un caso honesto y basado en evidencia: demuestra que una reforma legislativa integral y respaldada internacionalmente es una condición necesaria, pero no suficiente, para reducir la violencia contra las mujeres - se requieren presupuesto sostenido, campañas de sensibilización pública y formación institucional para convertir las protecciones legales en resultados medibles.