Programa Nacional REDD+ de Surinam — Pagos por Resultados de Carbono Forestal Jurisdiccional

Surinam, con aproximadamente el 93% de su territorio cubierto por selva tropical —una de las mayores proporciones de cobertura forestal de cualquier país— gestiona un programa nacional jurisdiccional REDD+ coordinado por el NIMOS (Instituto Nacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo en Surinam) como punto focal técnico ante la CMNUCC, y por la SBB (Fundación para la Gestión Forestal y el Control de la Producción) como responsable de monitoreo, reporte y verificación (MRV), bajo el Ministerio de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. El programa se construyó mediante subvenciones de preparación del Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) —unos US$3,8M aprobados en 2013 más una extensión de US$2,65M, en total unos US$6,45M, ejecutados a través del PNUD— y presentaciones validadas de Niveles de Referencia de Emisiones Forestales ante la CMNUCC.

Entre 2018 y 2020, Surinam generó aproximadamente 10 millones de toneladas de CO2 equivalente en "unidades de resultados" REDD+, validadas mediante el proceso de evaluación técnica de la CMNUCC. Tras la política de octubre de 2024 del Fondo Verde para el Clima sobre pagos por resultados REDD+ (US$8 por tonelada, para resultados de 2018-2022), Surinam obtuvo elegibilidad anticipada y, a principios de 2025, preparaba una propuesta de financiamiento para un pago por resultados de unos US$80 millones — uno de los casos de financiamiento REDD+ jurisdiccional más significativos entre los países de Alta Cobertura Forestal y Baja Deforestación (HFLD).

Según las fuentes revisadas, el pago de US$80M seguía pendiente de desembolso (se esperaba la presentación de la nota conceptual en 2025), y no se trataba de una transferencia ya completada. No se encontró ningún acuerdo bilateral confirmado y firmado de pago REDD+ entre Noruega y Surinam (a diferencia del acuerdo anterior de Noruega con Guyana), a pesar de conversaciones exploratorias en 2019. Fuentes de la sociedad civil y de análisis señalan que los países HFLD como Surinam han recibido históricamente un financiamiento REDD+ desproporcionadamente bajo, que organizaciones indígenas y tribales (VIDS, KAMPOS) en ocasiones se negaron a unirse a las consultas con las partes interesadas, y que el otorgamiento de licencias mineras y madereras nacionales plantea preocupaciones de gobernanza junto a la narrativa REDD+.