El sistema escolar suizo, descentralizado y a cargo de 26 cantones, generó la necesidad de claridad jurídica compartida a medida que las herramientas de IA llegaban a las aulas. educa.ch —una agencia especializada gestionada conjuntamente por la Secretaría de Estado para la Formación, la Investigación y la Innovación (SEFRI) y la Conferencia Suiza de Directores Cantonales de Educación (CDIP)— asumió este papel de coordinación en lugar de que cada cantón o empresa construyera de forma aislada su propio marco de gobernanza.
En agosto de 2024, educa.ch publicó «Rechtliche Auslegeordnung zur Entwicklung und Nutzung von KI im Bildungsbereich», un análisis jurídico que cubre cuatro casos de uso de la IA en las escuelas (aprendizaje personalizado/asistencia de IA, administración escolar, evaluación y aplicaciones futuras) frente a la Ley Federal de Protección de Datos revisada (nLPD), vigente desde septiembre de 2023. Le siguió, en enero de 2025, una guía dedicada a la reutilización secundaria de datos del alumnado por parte de proveedores de herramientas de IA, que aclara los roles de tratamiento y los requisitos de consentimiento para cantones y centros que contratan servicios de IA de terceros.
En diciembre de 2025, la Conferencia de Gobiernos Cantonales (KdK) publicó su propio balance transversal de la regulación de la IA en los cantones, situando la educación junto a la sanidad y la administración pública. Como ambos instrumentos son orientativos y no legislación vinculante, la adopción y el cumplimiento reales en cada cantón no se monitorizan de forma centralizada —una limitación real reconocida por los observadores—, y los cantones siguen siendo libres de legislar de forma independiente, por lo que la coherencia en toda la Confederación aún no puede verificarse.
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