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La Ciudad de México paga a comunidades de su Suelo de Conservación (87.000+ ha) para proteger bosques y la recarga del acuífero. Desde 2019, Altépetl Bienestar benefició a 36.594 personas, pero un estudio halló poco comprobados los resultados anteriores.
El Suelo de Conservación de la Ciudad de México abarca más de 87.000 hectáreas de bosque, tierras agrícolas y humedales alrededor de la zona urbanizada. Aporta gran parte de la recarga del acuífero y la biodiversidad del Valle de México, y desde 2008 la secretaría de medio ambiente de la ciudad, la SEDEMA, gestiona programas de pago por servicios ambientales para las comunidades rurales e indígenas (ejidos y comunidades) propietarias de estas tierras.
Dos programas emblemáticos, PROFACE (2008–2018, unos 105,9 millones de pesos al año, unos 5.000 beneficiarios anuales) y PRCSA (2010–2018, unos 20 millones de pesos al año, 6 núcleos agrarios comunitarios que abarcan más de 13.500 hectáreas de reservas ecológicas), pagaban a los residentes por labores de vigilancia, restauración y conservación. Desde 2019 han sido sucedidos por Altépetl Bienestar, que reporta 36.594 beneficiarios directos en sus primeros tres años; un pago relacionado en 2022 destinó más de 5 millones de pesos a cinco comunidades agrarias en 4.931 hectáreas.
Un estudio académico revisado por pares publicado en la revista Región y Sociedad encontró que la dimensión ambiental de PROFACE y PRCSA produjo "efectos limitados y poco claros" sobre el cambio de uso del suelo, que los beneficiarios se volvieron económicamente dependientes de los subsidios sin desarrollar alternativas sostenibles, y que los pagos a veces intensificaron, en lugar de resolver, conflictos internos en las comunidades agrarias. Los programas muestran tanto la escala que puede alcanzar un esquema de PSA financiado por una ciudad como la dificultad de demostrar su impacto ecológico.
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