Iniciativa Spotlight — Eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en Belice
Belice
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Desde enero de 2019, Antigua y Barbuda cuenta con un Tribunal Modelo de Delitos Sexuales — el primero del Caribe Oriental — con jueces especializados, procesos acelerados, testimonio por videoconferencia y apoyo integrado a las sobrevivientes, financiado por el Proyecto JURIST de Canadá y la Corte de Justicia del Caribe.
El 21 de enero de 2019, la Corte Suprema del Caribe Oriental, a través de su Alta Corte de Justicia en Antigua y Barbuda, inauguró un Tribunal Modelo de Delitos Sexuales (SOMC), descrito por el presidente del tribunal de la región como el primero de su tipo en el Caribe Oriental. Fue creado por el Gobierno de Antigua y Barbuda con el apoyo del Proyecto de Reforma Judicial y Fortalecimiento Institucional (JURIST) — financiado por Global Affairs Canada e implementado por la Corte de Justicia del Caribe (CCJ) — para abordar las bajas tasas de condena y las largas demoras en los casos de delitos sexuales.
El tribunal modelo reúne varias reformas específicas: una gestión procesal previa al juicio más estricta y una programación prioritaria para casos de delitos sexuales; la asignación de estos casos únicamente a jueces, administradores judiciales, policías y fiscales con formación especializada; tecnología de videoconferencia que permite a las denunciantes vulnerables, incluidas las niñas, testificar desde una sala remota en lugar de la sala del tribunal; una sala de espera y un proceso de orientación dedicados en la Alta Corte; e integración directa con los servicios de apoyo a sobrevivientes gestionados por la Dirección de Asuntos de Género y la División de Servicios Familiares y Sociales, a través de su Centro de Apoyo y Derivación.
La Corte de Justicia del Caribe ha publicado desde entonces unas Directrices Modelo Revisadas para Casos de Delitos Sexuales (2022) para toda la región, presentando el tribunal de Antigua y Barbuda como modelo de referencia a replicar por otras jurisdicciones caribeñas. No se localizaron estadísticas públicas sobre tasas de condena o plazos procesales derivados del funcionamiento del tribunal, por lo que su impacto medido sobre los resultados para las sobrevivientes permanece sin documentar; lo que sí es verificable es que la infraestructura y los procedimientos especializados funcionan de forma continua desde 2019.
Los detalles de implementación (coste, plazo, personal, condiciones para el éxito) aún no están disponibles para esta práctica.
De dónde se obtuvo la información de esta práctica, y cuándo.
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