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La Evaluación Sensible al Género de los Beneficiarios (GABA) de ONU Mujeres, aplicada al Programa de Asistencia Pública de San Vicente y las Granadinas en el marco del proyecto Build Back Equal financiado por Canadá, reveló una red de protección social ciega al género y basada en papel, y emitió 10 recomendaciones de reforma concretas.
El Build Back Equal Project, financiado por Global Affairs Canada y liderado por la Oficina Multipaís de ONU Mujeres para el Caribe junto con UNFPA Caribe, trabaja para reducir las barreras al empoderamiento económico de las mujeres en Dominica, Granada, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Como parte de este proyecto, ONU Mujeres encargó una Gender Aware Beneficiary Assessment (GABA) —elaborada por la Dra. Kimberly-Ann Gittens-Baynes y editada por la Dra. Robin Haarr— que aplicó la misma herramienta de diagnóstico en los cuatro países, y cuyas conclusiones sobre San Vicente y las Granadinas se publicaron en diciembre de 2025.
La GABA evaluó el Public Assistance Programme (PAP) de San Vicente y las Granadinas, gestionado por el Ministerio de Movilización Nacional, para diagnosticar las brechas de género en la principal red de protección social del país y formular recomendaciones concretas de reforma.
La evaluación examinó los sistemas de información, el diseño de las prestaciones y el proceso de solicitud del PAP, y encontró: un sistema en papel gestionado con herramientas básicas como Google Sheets; una estructura de prestaciones organizada por individuo y no por hogar, de modo que las mujeres de un hogar solo reciben apoyo directo si son ellas mismas solicitantes elegibles; ausencia de análisis de género en el diseño de las prestaciones; y un proceso de solicitud centralizado en Kingstown que sobrecarga de forma desproporcionada a las mujeres con responsabilidades de cuidado infantil o limitaciones de movilidad.
El proceso de la GABA produjo 10 recomendaciones concretas para San Vicente y las Granadinas: reformar la desactualizada Public Assistance Act con disposiciones sensibles al género; desarrollar políticas coherentes de protección social y de género; redactar un manual operativo completo para el PAP; implementar el previsto Social Assistance Management Information System (SAMIS) con recopilación de datos sensible al género; reforzar la capacidad del personal; establecer una estrategia interna de intercambio de información; ampliar la estructura de prestaciones para incluir apoyo psicosocial y cuidado infantil; integrar la Gender Affairs Division en el equipo operativo del PAP; realizar campañas de información pública; y subsidiar el cuidado infantil para los hogares vulnerables.
En la fecha de publicación del informe, en diciembre de 2025, estas recomendaciones aún no se habían implementado, y no existe ninguna evaluación de seguimiento de los resultados. El valor de esta práctica reside en su metodología de diagnóstico transparente y replicada en cuatro países, más que en un impacto de programa ya demostrado.
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