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Zambia
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La Evaluación Sensible al Género de los Beneficiarios (GABA) de ONU Mujeres, aplicada al Programa de Asistencia Pública de San Vicente y las Granadinas en el marco del proyecto Build Back Equal financiado por Canadá, reveló una red de protección social ciega al género y basada en papel, y emitió 10 recomendaciones de reforma concretas.
El proyecto Build Back Equal, financiado por Asuntos Globales Canadá y liderado por la Oficina Multipaís de ONU Mujeres para el Caribe junto con UNFPA Caribe, busca reducir las barreras al empoderamiento económico de las mujeres en Dominica, Granada, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Como parte de este proyecto, ONU Mujeres encargó una Evaluación Sensible al Género de los Beneficiarios (GABA) —redactada por la Dra. Kimberly-Ann Gittens-Baynes y editada por la Dra. Robin Haarr— aplicando la misma herramienta de diagnóstico en los cuatro países, publicándose los resultados de San Vicente y las Granadinas en diciembre de 2025.
Las conclusiones de la evaluación sobre el Programa de Asistencia Pública (PAP) de San Vicente y las Granadinas, gestionado por el Ministerio de Movilización Nacional, fueron en gran medida críticas: el programa funciona con un sistema de información en papel, utilizando herramientas básicas como Google Sheets; está estructurado como una prestación individual y no familiar, lo que significa que las mujeres de un hogar no reciben apoyo directo salvo que ellas mismas sean solicitantes en calidad de menores, personas mayores, con discapacidad o enfermedad crónica; el diseño de las prestaciones no incluye ningún análisis de género; y el proceso de solicitud está centralizado en Kingstown, lo que perjudica de forma desproporcionada a las mujeres con responsabilidades de cuidado infantil o limitaciones de movilidad. El informe documenta explícitamente estas carencias como tales, y no como logros, conforme a un estándar de evidencia honesto.
El proceso GABA produjo 10 recomendaciones concretas para San Vicente y las Granadinas: reformar la desactualizada Ley de Asistencia Pública con disposiciones sensibles al género; desarrollar políticas coherentes de protección social y de género; elaborar un manual de operaciones integral para el PAP; implementar el previsto Sistema de Gestión de Información de Asistencia Social (SAMIS) con recopilación de datos sensible al género; reforzar la capacidad del personal; establecer una estrategia interna de intercambio de información; ampliar la estructura de prestaciones para incluir apoyo psicosocial y cuidado infantil; integrar la División de Asuntos de Género en el equipo operativo del PAP; realizar campañas de información pública; y subsidiar el cuidado infantil para los hogares vulnerables.
Hasta la fecha de publicación del informe, en diciembre de 2025, estas recomendaciones aún no se habían implementado, y no existe ninguna evaluación de seguimiento de resultados. El valor de esta práctica reside en su metodología de diagnóstico transparente y replicada (en cuatro países), y no en un impacto demostrado del programa: un caso prudente pero bien fundamentado en evidencia sobre lo que una evaluación rigurosa de género puede revelar acerca de una red de protección social nacional con recursos insuficientes.
Los detalles de implementación (coste, plazo, personal, condiciones para el éxito) aún no están disponibles para esta práctica.
De dónde se obtuvo la información de esta práctica, y cuándo.
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