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La restauración de la laguna de Korle, en Accra, dragó una de las masas de agua más contaminadas del mundo y construyó nuevas infraestructuras de drenaje y tratamiento de aguas residuales para reducir las inundaciones, con un coste total cercano a 38 millones de dólares. Los sucesivos desalojos forzosos del vecino asentamiento de Old Fadama —condenados por Amnistía Internacional— muestran avances de ingeniería logrados con graves costes humanos.
La laguna de Korle se encuentra en la desembocadura del río Odaw, en el centro de Accra, y en la década de 1990 se había convertido en una de las masas de agua más contaminadas del mundo, obstruida por vertidos industriales y residuos sólidos que también bloqueaban la principal salida de drenaje de inundaciones de la ciudad hacia el mar.
El Proyecto de Restauración Ecológica de la Laguna de Korle (KLERP), aprobado en 1995 y ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de Ghana junto con la Asamblea Metropolitana de Accra, dragó la laguna y mejoró el canal de drenaje del Odaw, tendió unos 3.100 metros de nuevas conducciones de drenaje y construyó una capacidad de tratamiento de aguas residuales de unos 1.300 metros cúbicos al día. El coste total del proyecto ascendió a 37,74 millones de dólares, financiado por el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (6 millones de dólares), el Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe, el Banco Árabe para el Desarrollo Económico de África y el Gobierno de Ghana.
La justificación del proyecto en materia de control de inundaciones se utilizó repetidamente para justificar demoliciones en Old Fadama, el asentamiento informal vecino, con una población estimada de entre 55.000 y 200.000 residentes. Se produjeron desalojos de hogares en 1993 (unos 400), en 2002, en 2012 y de nuevo en junio de 2015, cuando hasta 2.000 hogares fueron desalojados con poco o ningún aviso previo y sin plan de reasentamiento. Amnistía Internacional Ghana condenó públicamente los desalojos, y su director declaró que «el desarrollo nunca debe producirse a costa de los derechos humanos».
El KLERP ilustra así un caso real pero de doble filo: aportó una capacidad de ingeniería medible para la gestión de inundaciones y aguas residuales, pero el desplazamiento asociado —realizado sin compensación, consulta ni plan de reasentamiento adecuados— constituye un fallo de gobernanza documentado que cualquier réplica debería evitar explícitamente.
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