Praxis asbl — Programa Grupal Evaluado para Agresores de Violencia de Pareja en la Bélgica Francófona
Bélgica
Praxis asbl dirige desde 2000 grupos de responsabilización de 21 semanas para agresores de violencia de pareja en toda la …
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Desde septiembre de 2022, la ley austríaca exige que toda persona desalojada de su domicilio por orden policial preventiva complete al menos seis horas de asesoramiento sobre prevención de la violencia con NEUSTART, el servicio nacional de libertad condicional, llegando a unas 400 personas al año en formación más intensiva.
La Ley austríaca de Protección contra la Violencia de 1997 (Gewaltschutzgesetz) fue pionera al otorgar a la policía la facultad de desalojar a los agresores del domicilio compartido; una reforma de 2022 cerró un vacío al exigir que, desde el 1 de septiembre de 2022, toda persona sujeta a una orden policial de desalojo o de prohibición de contacto participe en al menos seis horas de Gewaltpräventionsberatung (asesoramiento de prevención de la violencia), impartido por NEUSTART, el servicio nacional austríaco de libertad condicional y mediación víctima-agresor (fundado en 1957).
Trabajadores sociales realizan una evaluación de riesgo inicial y mantienen conversaciones centradas en el acto de violencia reciente, buscando generar conciencia de la falta cometida y motivación para el cambio; alrededor del 90% de las personas remitidas son hombres. Para los casos de mayor riesgo, NEUSTART ofrece un Anti-Gewalt-Training más largo, de 50 a 60 unidades de 45 minutos repartidas entre seis meses y un año; cada año comienzan cerca de 50 de estas formaciones en todo el país, con unos 400 participantes.
NEUSTART y el Ministerio de Justicia austríaco han publicado cifras de participación y descripciones del programa, y el asesoramiento obligatorio de seis horas es ahora exigido en todo el país, lo que otorga al programa continuidad y financiación estatutaria. Sin embargo, todavía no se ha publicado ninguna evaluación independiente de reincidencia o de resultados del asesoramiento obligatorio posterior a 2022, por lo que su efecto sobre la violencia repetida sigue sin medirse, una carencia que comparte con muchos programas pioneros de asesoramiento a agresores en Europa.
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