Ley 21.369 de Chile – Prevención y Sanción de la Violencia de Género en Educación Superior (2021)

El 'Mayo Feminista' chileno de 2018 —ocupaciones universitarias masivas que exigían rendición de cuentas institucional ante la violencia sexual— generó años de presión parlamentaria que culminaron en la Ley 21.369, promulgada el 30 de agosto de 2021.

La ley obliga a todas las instituciones de educación superior (universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, públicos y privados) a adoptar un Protocolo de Género que incluya: un modelo de prevención del acoso sexual; procedimientos de investigación con garantías de debido proceso; un régimen de sanciones graduadas; vías de apoyo y reparación a las víctimas; e integración curricular de la igualdad de género. La Superintendencia de Educación Superior (SES) quedó a cargo de la supervisión y cumplimiento, cubriendo más de 200 instituciones.

El informe de supervisión de la SES de noviembre de 2022 encontró que el 96,3 % de las universidades contaba con políticas integrales y el 100 % tenía todos los elementos del Modelo de Prevención implementados.

Investigadoras independientes (Red de Investigadoras, 2024) documentan una brecha estructural entre cumplimiento formal y efectividad sustantiva —en particular en la apropiación cultural, la profundidad de la integración curricular y la eficiencia del procesamiento de denuncias. No se han publicado aún datos sistémicos sobre tasas de denuncia ni resultados de casos.