El Ministerio de Educación de Kenia comenzó a distribuir toallas sanitarias gratuitas a las niñas de los grados 4 a 8 en el año fiscal 2011/2012, con un presupuesto inicial de unos 3,34 millones de dólares que llegó a unas 444.000 niñas. En junio de 2017, el presidente Uhuru Kenyatta firmó la Ley de Enmienda de Educación Básica, incorporando la Sección 39(k), que obliga legalmente al gobierno a proporcionar "toallas sanitarias gratuitas, suficientes y de calidad" a toda niña que haya llegado a la pubertad en instituciones públicas de educación básica, además de mecanismos seguros de eliminación. El programa figura ahora como un componente del proyecto emblemático de Salud y Nutrición Escolar de la Visión 2030 de Kenia.
Para 2022, una auditoría de desempeño del Auditor General determinó que el gobierno había gastado unos 3.100 millones de chelines kenianos y había llegado a unas 8,86 millones de niñas de los grados 6 a 8 desde el inicio, aunque la distribución anual real ha sido a menudo de 7 paquetes de toallas por niña en lugar de los 9 exigidos por ley. La responsabilidad administrativa del programa ha pasado por cinco departamentos gubernamentales distintos en siete años, algo que auditores gubernamentales y parlamentarios han vinculado a retrasos recurrentes en la distribución; en 2023, cuatro meses después de iniciado el año fiscal, un presupuesto duplicado de 940 millones de chelines aún no había llegado a las escuelas, y en 2025 algunas circunscripciones informaron que las niñas recibieron tan solo seis paquetes en tres años.
De manera crucial, la evidencia más sólida disponible sobre la efectividad contradice la justificación habitual del programa. Un ensayo controlado aleatorizado por conglomerados del Population Council (3.489 niñas, 140 escuelas, condado de Kilifi, publicado en Reproductive Health, 2021) no encontró "evidencia de un efecto en la asistencia a la escuela primaria" derivado de la distribución de toallas, sola o combinada con educación en salud reproductiva. Otro ECA por conglomerados (Phillips-Howard et al., BMJ Open, 2016) y un ensayo de seguimiento más amplio (Zulaika et al., eClinicalMedicine, 2023, 4.137 niñas) tampoco encontraron una reducción significativa del abandono escolar por la distribución de productos menstruales; el ensayo de 2023 halló que el embarazo y el matrimonio, no la menstruación, explicaban la mayor parte del abandono. Auditorías kenianas y del Banco Mundial también han documentado irregularidades en licitaciones (incluido un hallazgo parlamentario de una pérdida de 25 millones de chelines por licitaciones no adjudicadas al postor más bajo), desabastecimientos y quejas sobre la calidad de los productos distribuidos.
El programa debe entenderse como una política bien intencionada, legalmente consolidada y aún vigente, con una fuerte integración institucional y de género, pero con evidencia débil —procedente de múltiples ensayos aleatorizados independientes— de que logra su objetivo declarado de reducir el ausentismo escolar relacionado con la menstruación, agravada por problemas persistentes de presupuesto y contratación.
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