Ley Pompón — Ley Nacional de Protección de Turberas de Chile

Tras casi seis años de debate legislativo, Chile promulgó la Ley 21.660 ("Ley Pompón") en marzo de 2024, sacando las turberas del ámbito del código de minería y prohibiendo la extracción de turba en todo el país, al tiempo que establece un régimen regulado para la cosecha sostenible del musgo vivo Sphagnum magellanicum, un producto hortícola de comercio global, exportado sobre todo a mercados del sudeste asiático. El servicio forestal chileno (CONAF) estima que la ley afecta a unos 3,2 millones de hectáreas de turbera, concentradas en las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, aunque investigadores académicos (CR2, el centro chileno de ciencia del clima) sitúan la extensión de las turberas patagónicas por encima de 4 millones de hectáreas, un recordatorio de que el mapeo nacional de turberas todavía conlleva incertidumbre real.

La regulación se basa en tasas documentadas de regeneración del musgo de solo 2,5 a 5 mm por año en Magallanes y unos 4 mm por año en Aysén, lo que implica que una tira cosechada de 15 cm necesita entre 30 y 60 años para regenerarse, la base de las exigencias de plan de cosecha y certificación de formación de la ley, en lugar de una prohibición total. En el período 2019-2023, los registros oficiales del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) muestran que 1.357 personas a nivel nacional completaron la formación obligatoria en sostenibilidad, con 270 planes de cosecha presentados.

Una investigación independiente de CIPER Chile reveló que la presión de la industria durante el debate legislativo infló progresivamente las cifras de empleo —de 3.000 personas (2021) a más de 20.000 familias (2023)— sin que ninguna se sustentara en los propios registros de certificación del SAG, lo que probablemente contribuyó a que la ley final permitiera la cosecha de musgo en lugar de la "protección total" propuesta originalmente en 2018. El episodio constituye un caso raro y bien documentado de verificación periodística independiente que exige a la legislación ambiental rendir cuentas ante evidencia real y no ante afirmaciones económicas no verificadas.