La reforma del salario mínimo y del sistema kafala de Catar en 2020 para las trabajadoras domésticas

Tras un acuerdo de cooperación técnica de 2017 con la Organización Internacional del Trabajo, Catar promulgó una serie de reformas laborales que culminaron en la Ley n.º 17 de 2020, que estableció un salario mínimo universal para todos los trabajadores, incluidas más de 173.000 personas trabajadoras domésticas, en su mayoría mujeres migrantes procedentes del sur y sudeste de Asia y de África Oriental.

La reforma fijó un salario base mensual de 1.000 QAR (unos 275 USD), más subsidios obligatorios de 300 QAR para alimentación y 500 QAR para alojamiento cuando no se proporcionan en especie, sustituyendo un umbral anterior no vinculante de 750 QAR. En paralelo, las enmiendas eliminaron el requisito de obtener un «certificado de no objeción» del empleador actual para cambiar de trabajo, y ampliaron el derecho a abandonar el país sin el consentimiento del empleador.

Para las trabajadoras domésticas —anteriormente excluidas de la mayoría de las protecciones de la legislación laboral catarí— esto supuso su primera inclusión en un marco nacional de salario mínimo y movilidad laboral. Human Rights Watch calificó las reformas de «significativas», y Amnistía Internacional las acogió como «un paso importante» hacia el desmantelamiento del control del empleador propio del sistema kafala.

Sin embargo, ambas organizaciones documentaron deficiencias persistentes: los empleadores conservan poder mediante el control del permiso de residencia y las acusaciones de «fuga», las personas trabajadoras aún no pueden afiliarse a sindicatos, y no se adoptó un salario mínimo de al menos 1.250 QAR recomendado por la OIT. Amnistía y HRW coinciden en que la aplicación de la ley —y no el texto legal— sigue siendo la limitación decisiva para el impacto real.