Ley de Paridad Electoral de Túnez — 47 % de Mujeres en el Gobierno Local (2011–2022)

Tras la revolución de 2011, Túnez aprobó una serie de medidas de paridad electoral que convirtieron su parlamento en el más igualitario del mundo árabe durante una década. La ley electoral de 2011 impuso la alternancia (cremallera) en todas las listas de candidatos; las elecciones de 2014 eligieron a 73 mujeres (33,6 %) en la Asamblea de 217 escaños, frente al 27 % en el régimen anterior. Una enmienda de 2017 añadió la paridad horizontal, exigiendo que al menos la mitad de las listas en cada circunscripción estuviera encabezada por mujeres. Esta combinación de paridad vertical y horizontal impulsó las elecciones municipales de mayo de 2018 a un resultado histórico: el 47 % de los 7 212 concejales locales electos eran mujeres —el más alto registrado en la región MENA—, confirmado por la oficina regional de ONU Mujeres para los Estados Árabes.

El mecanismo de paridad horizontal —que exige un número igual de cabezas de lista femeninas y masculinas— es el rasgo distintivo que impidió a los partidos confinar a las mujeres a posiciones bajas e inelegibles en las listas. ONU Mujeres y la organización civil Aswat Nissa (Voces de las Mujeres) proporcionaron formación a las candidatas junto al mandato legal. Una investigación publicada en MDPI Social Sciences (2023) concluye que los municipios tunecinos con mayor representación femenina asignaron más recursos a servicios sociales y aplicaron enfoques más participativos.

La práctica incluye una advertencia crítica sobre sostenibilidad. En septiembre de 2022, la nueva ley electoral del Presidente Kais Saied abolió ambos requisitos de paridad y sustituyó el escrutinio proporcional de listas por circunscripciones uninominales. En las elecciones de diciembre de 2022, la representación de las mujeres en la Asamblea de Representantes del Pueblo cayó al 15,53 % (25 de 161 escaños). Esta reversión ilustra que los avances de paridad electoral son frágiles cuando se apoyan en legislación ordinaria en lugar de disposiciones constitucionales.