Electronic Monitoring of High-Risk Domestic Violence Perpetrators — Georgia
Georgia
Since Sept. 2020, Georgia's Ministry of Internal Affairs and UN Women use GPS ankle bracelets to monitor high-risk domestic-violence perpetrators …
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Desde 2012, la Ley turca n.º 6284 permite que tribunales y policía emitan con rapidez órdenes de protección y prevención para sobrevivientes de violencia doméstica, respaldadas por la línea ALO 183, disponible las 24 horas. Las órdenes se han disparado, pero el seguimiento de feminicidios muestra que persisten fallos de aplicación más de una década después.
La Ley turca n.º 6284 sobre la Protección de la Familia y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (2012) permite a la policía, los fiscales y los tribunales dictar órdenes preventivas contra los agresores y órdenes de protección para las sobrevivientes, por un plazo de hasta seis meses, inspirándose en parte en el marco del Convenio de Estambul del Consejo de Europa. La línea de apoyo social ALO 183, disponible las 24 horas y gestionada por el Ministerio de Familia y Servicios Sociales, es uno de los principales puntos de acceso a la ley, ya que recibe denuncias de violencia y coordina las solicitudes de órdenes de protección.
Datos del Ministerio de Justicia citados por Human Rights Watch muestran un fuerte aumento en el uso de la ley: las órdenes preventivas pasaron de 139.218 en 2016 a 272.870 en 2021, y las órdenes de protección de 1.801 a 10.401 en el mismo período.
Sin embargo, el seguimiento independiente constata que el aumento en el número de órdenes no se ha traducido en mayor seguridad. El informe de 2022 de Human Rights Watch documenta que los tribunales frecuentemente no sancionan las infracciones, y registra que, de las 307 mujeres asesinadas en 2021, 38 tenían una orden de protección activa en el momento de su muerte. La plataforma de la sociedad civil 'We Will Stop Femicide' registró 394 mujeres asesinadas en 2024, la cifra anual más alta desde que comenzó el seguimiento, justo cuando Turquía se retiraba del Convenio de Estambul en 2021 bajo presión política para debilitar la ley.
ONU Mujeres se asoció con el Ministerio de Justicia (2022-2023) para elaborar una guía de implementación dirigida a jueces y fiscales, con el fin de cerrar estas brechas de aplicación. La ley y la línea de ayuda siguen vigentes, lo que convierte a este caso en un ejemplo de un instrumento jurídico bien diseñado y muy utilizado, pero que aún no ha producido el resultado protector para el que fue creado: una advertencia contra equiparar el volumen de órdenes emitidas con la seguridad real de las sobrevivientes.
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