Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos de Buenos Aires — un tribunal suspende y condiciona un programa biométrico a escala de ciudad

En 2019, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP), que compara rostros captados por cámaras públicas con el registro nacional de prófugos CONARC. El juez del caso señaló que el CONARC contenía entre 35 000 y 40 000 registros, y la ciudad informó de 1 695 personas identificadas y entregadas a la justicia desde el inicio. El juez también halló más de 9 millones de consultas a la base nacional de identidad RENAPER, muy por encima de lo que requeriría una lista de prófugos; el ministro de Justicia de la ciudad indicó que eran en su mayoría validaciones de identidad para otros trámites.
El Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) y otros interpusieron un amparo. Un juzgado contencioso administrativo porteño suspendió el sistema en abril de 2022 y, en una sentencia de 2022, hizo lugar al amparo: el sistema se había implementado sin las garantías legales necesarias para proteger derechos personalísimos, procesaba todos los rostros que pasaban frente a las cámaras y no solo los de prófugos, y su funcionamiento mostró falencias e irregularidades, incluidos falsos positivos. El tribunal condicionó cualquier activación a la constitución y funcionamiento de órganos de control, y ordenó una evaluación de impacto en la protección de datos y un debate público antes de cualquier nueva implementación.
El gobierno de la ciudad recusó al juez y afirmó que el sistema estaba suspendido desde la pandemia porque los barbijos lo perjudicaban. Las fechas y el número de juzgado difieren entre fuentes, por lo que la ficha solo cita la sustancia de los hallazgos. Es un caso de cautela sobre desplegar vigilancia biométrica antes de que existan órganos de control.