R (Bridges) contra la Policía de Gales del Sur — la sentencia del Tribunal de Apelación que fijó condiciones legales para el reconocimiento facial en vivo

La Policía de Gales del Sur (SWP) probó el reconocimiento facial automático en vivo (AFR Locate) en unos 50 despliegues públicos entre mayo de 2017 y abril de 2019. El sistema puede analizar unos 50 rostros por segundo; se estima que unos 500 000 rostros pudieron ser escaneados en los despliegues de 2017-2018. Edward Bridges, que estuvo cerca de dos despliegues en Cardiff (uno en una protesta contra una feria de armas), presentó un recurso de revisión judicial. La Divisional Court lo desestimó el 4 de septiembre de 2019.
En apelación, el Tribunal de Apelación ([2020] EWCA Civ 1058, agosto de 2020) acogió tres motivos: (1) el uso no estaba «previsto por la ley» conforme al artículo 8.2 del CEDH, porque el marco dejaba demasiada discrecionalidad a los agentes sobre quién podía figurar en una lista de vigilancia y dónde desplegar el AFR; (2) la evaluación de impacto de protección de datos era defectuosa, al redactarse partiendo de que el artículo 8 no se vulneraba; y (3) la SWP incumplió el deber de igualdad del sector público, al no adoptar medidas razonables para comprobar si el software tenía sesgo por raza o sexo. El motivo de proporcionalidad fue rechazado y no había pruebas claras de sesgo real.
La SWP no apeló. El caso es una referencia de cautela para cualquier organismo público que despliegue IA biométrica: muestra la base jurídica necesaria antes del despliegue (normas claras, evaluación de impacto válida y pruebas de sesgo), pero no aporta pruebas sobre la eficacia operativa.