Visa de Nómada Digital de Costa Rica (Ley N.º 10008)

La Ley N.º 10008 de Costa Rica, la Ley para Atraer Trabajadores y Prestadores Remotos de Servicios de Carácter Internacional (2021), creó una categoría de visa dedicada a trabajadores remotos y nómadas digitales, implementada por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), con un micrositio promocional gestionado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Los solicitantes deben acreditar al menos 3.000 USD/mes de ingresos (4.000 USD con dependientes), pagar una tarifa de 100 USD y presentar doce meses de extractos bancarios; el permiso dura un año, renovable por uno más, y exime de impuestos y aranceles locales los ingresos obtenidos en el extranjero y el equipo de trabajo importado.

Las cifras de aprobación, procedentes de la DGME y difundidas por los medios costarricenses Delfino.cr y Revista E&N, muestran 114 visas aprobadas en 2022, un pico de 317 en 2023 y una caída a unas 158 en 2024 —una reducción de alrededor del 50% en las aprobaciones, asociada a una caída del 60% en las solicitudes—. (El Financiero cita por separado un total acumulado mayor de 949 aprobaciones frente a 1.225 solicitudes, una cifra que parece incluir a los dependientes y no solo a los solicitantes principales, y ambos recuentos no se han conciliado públicamente.) La cámara nacional de turismo, Canatur, estima que cada nómada aporta unos 15 millones de colones a la economía local por cada estancia de seis meses.

El esquema destaca por un seguimiento plurianual, con datos de origen gubernamental, que permite observar resultados —incluida una caída— en lugar de darlos por supuestos. La prensa costarricense atribuye la caída de 2024 a la percepción de inseguridad, el coste de vida, la escasez de vivienda y la competencia de otros programas de visas para nómadas en América Latina, una salvedad honesta sobre una política cuyo crecimiento inicial se había interpretado como un éxito inequívoco.