Esquema de Acción Climática en Turberas de Bord na Móna (Irlanda)
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Un proyecto de 9,1 millones de dolares del Fondo Verde para el Clima — el primero jamas aprobado por el GCF — ayudo a mas de 120 comunidades indigenas del Datem del Maranon, en Peru, a gestionar mas de 410.000 ha de turberas amazonicas, mientras el IIAP y Profonanpe construian lineas base de carbono que alimentan la metodologia nacional peruana de contabilidad de turberas.
El abanico del río Pastaza, en la provincia peruana de Datem del Marañón, cerca de la ciudad amazónica de San Lorenzo, alberga uno de los mayores complejos de turberas tropicales del mundo: unas 3,8 millones de hectáreas que almacenan una cifra estimada de 3.100 millones de toneladas de carbono, aproximadamente la mitad de las reservas de carbono forestal sobre el suelo de Perú, y los suelos de turba por sí solos pueden almacenar hasta 1.700 toneladas de carbono por hectárea.
En 2015, el Fondo Verde para el Clima aprobó su primer proyecto a nivel mundial: una donación de 9,1 millones de dólares (6,24 millones del GCF, el resto cofinanciado), implementada por el Fondo Fiduciario Peruano para Parques Nacionales y Áreas Protegidas (Profonanpe), para ayudar a 120 comunidades indígenas a gestionar de forma sostenible los recursos de los humedales en lugar de drenarlos y deforestarlos para cultivos.
El proyecto estableció más de 410.000 hectáreas de nuevas áreas de conservación y ayudó a fundar en 2018 una Asociación de Productores y Manejo de Aguaje, para que los hogares se beneficien de la cosecha sostenible del fruto de la palmera en lugar de la tala de árboles.
Un estudio de reservas de carbono de 2022, realizado por científicos del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y Profonanpe —publicado en 2024—, midió el carbono base del suelo y la vegetación, alimentando una metodología que ahora orienta la política nacional peruana de contabilidad de turberas. Al cierre del proyecto en diciembre de 2024, el GCF reportó aproximadamente 1,31 millones de las 2,6 millones de toneladas de CO2e previstas como evitadas, alcanzando a más de 20.000 beneficiarios directos en 131 comunidades indígenas.
El proyecto recibió críticas sostenidas por su proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado: federaciones indígenas protestaron porque el GCF aprobó la financiación de 2015 antes de una consulta comunitaria adecuada, lo que dio lugar a una investigación formal del Mecanismo Independiente de Reclamación abierta en 2019. El caso solo se cerró después de que la Secretaría del GCF emitiera nuevas directrices sobre CLPI y completara una evaluación jurídica de los impactos sobre los derechos colectivos a la tierra.
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