Document Budget Genre — el anexo presupuestario de género de Senegal a la Ley de Finanzas

El Ministerio de Finanzas y Presupuesto de Senegal, junto con la Dirección de Equidad e Igualdad de Género del Ministerio de la Familia y las Solidaridades, anexa desde 2016 un Document Budget Genre (Documento de Presupuesto de Género) a la Ley de Finanzas anual del país. El documento se organiza en dos ejes: cómo se operacionaliza la dimensión de género en todo el gobierno, y un informe presupuestario de género presentado por cada departamento ministerial, planteado como aplicación de los compromisos constitucionales de Senegal con la igualdad entre mujeres y hombres (artículos 1 y 7 de la Constitución) y la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género (SNEEG).

La práctica se mantiene desde hace una década, con un nuevo Document Budget Genre anexado a la Ley de Finanzas de 2024 y ediciones posteriores, desarrolladas con apoyo técnico de ONU Mujeres, entre otros a través de los programas de Gobernanza Local y de Financiamiento para la Igualdad de Género (F4GE). En junio de 2026, el Ministerio, ONU Mujeres y la Asociación de Profesionales de la Información de Género (APIG) organizaron un taller en Saly para formar a periodistas en la lectura y cobertura de los mecanismos presupuestarios de género y las estadísticas de violencia contra las mujeres; en septiembre de 2026, la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional dedicó una sesión al papel del parlamento en el financiamiento, seguimiento y evaluación de la presupuestación con enfoque de género para las mujeres, la paz y la seguridad.

Las autoridades describen explícitamente el ejercicio como una herramienta de gobernanza y transparencia, no como 'un presupuesto separado para las mujeres': exige que los ministerios indiquen cómo el gasto transversal afecta de manera diferenciada a mujeres y hombres, en lugar de reservar un fondo paralelo. No se encontró en las fuentes disponibles ninguna evaluación independiente y cuantificada del efecto del documento en la asignación real de recursos o en el cierre de brechas de género específicas, por lo que esta práctica debe leerse como evidencia de una institucionalización sostenida y de una capacidad de vigilancia ciudadana en expansión, no todavía de un impacto medido.