El Proyecto de Gestión Participativa de Bosques Clasificados de Burkina Faso, financiado con 11,5-12,5 millones de dólares del Forest Investment Program (FIP) de los Climate Investment Funds e implementado junto al Banco Africano de Desarrollo, buscaba restaurar unas 284.000 hectáreas en 12 de los 77 bosques estatales clasificados del país, la mayoría con menos del 40% de cobertura arbórea, beneficiando directamente a unos 5.400 hogares (2.700 mujeres) e indirectamente a unas 850.000 personas.
En agosto de 2017, investigadores pusieron a prueba dos diseños de pago por servicios ambientales dentro del proyecto —un pago lineal por árbol sobreviviente (0,62 dólares/árbol) y un contrato por umbrales (que pagaba entre 62 y 238 dólares por grupo de cinco personas según el nivel de supervivencia de los árboles)— y constataron que, al concentrar los pagos en la época de mayor escasez, la inseguridad alimentaria de los hogares cayó un 35% y la inseguridad alimentaria severa un 60%, sin indicios de desplazamiento de la mano de obra agrícola.
Los resultados, publicados en el American Journal of Agricultural Economics, demuestran un mecanismo de diseño de contratos de PSA rigurosamente evaluado, pero no un programa nacional de pagos plenamente escalado: las fuentes públicas documentan el diseño y los resultados del proyecto piloto, pero no el número actual de hogares que reciben pagos continuos más allá del periodo de estudio, ni mediciones directas del carbono secuestrado o de las ganancias de biodiversidad en el bosque restaurado.
De dónde se obtuvo la información de esta práctica, y cuándo.