Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento (Ley 27.506)

Qué es: la Ley 27.506 ("Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento") fue sancionada en mayo de 2019 y, tras la modificación por la Ley 27.570, entró en vigencia con registro retroactivo al 1 de enero de 2020. Es administrada a nivel nacional por el Ministerio de Economía argentino (a través de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo), con la AFIP a cargo del registro, y abarca software/SaaS, biotecnología, nanotecnología, aeroespacial, ingeniería nuclear, Industria 4.0, producción audiovisual, servicios profesionales orientados a la exportación e I+D. Las empresas registradas obtienen una reducción del impuesto a las ganancias (hasta el 60-80% de la alícuota estándar según el tamaño de la empresa) y un bono de crédito fiscal transferible equivalente al 70% de las contribuciones patronales de seguridad social (80% para empresas que contraten mujeres, personas con discapacidad, posgraduados o trabajadores de regiones desfavorecidas), utilizable contra otros impuestos nacionales durante 24 meses, además de alivio de IVA y derechos de exportación.

Resultados: las empresas registradas crecieron de 582 (noviembre de 2022) a unas 800-957 en 2024-25, más del 90% pymes. El Ministerio de Economía contabilizó unos 494.000 empleos en el sector más amplio de la economía del conocimiento en el 4.º trimestre de 2023 (cerca del 7,3% del empleo registrado); las exportaciones del sector alcanzaron US$8.900 millones en 2024 y US$9.685 millones en el año hasta mediados de 2025 (Argencon), el tercer complejo exportador más grande de Argentina. El subsector más acotado del software (CESSI) vio caer sus exportaciones a US$2.445 millones en 2023 (-6,8% interanual), con la tasa de despidos del sector duplicándose del 3% al 6% ese año.

Por qué es relevante: es un instrumento de política deliberado y co-diseñado con la industria —construido sobre una ley anterior de promoción del software de 2004— destinado explícitamente a evitar que el talento tecnológico del país abandone la economía formal argentina, usando créditos salariales transferibles y focalizados en lugar de subsidios generales, con incentivos adicionales incorporados para la contratación de grupos subrepresentados.

Advertencia: ninguna evaluación causal o cuasi-experimental aísla el efecto de la ley de factores concurrentes como la devaluación del peso, las tendencias globales de trabajo remoto o los ciclos macroeconómicos — todas las cifras publicadas son estadísticas descriptivas del gobierno, CESSI y Argencon. Bloomberg documentó un "éxodo" continuo de desarrolladores argentinos hacia el freelance remoto informal pagado en dólares (estimado en US$1.800 millones) que socava precisamente las nóminas formales que la ley intenta proteger —una empresa habría perdido 80 de sus 600 empleados de esta manera— y las exportaciones de software cayeron incluso con el régimen vigente. Bajo el gobierno de Milei, el empleo público en ciencia y tecnología cayó cerca del 3,6% (dic. 2023-sept. 2024), y reportes de 2025 describen una migración continua de talento hacia el exterior pese a las ambiciones oficiales de "polo de IA", subrayando que la fuga de cerebros persiste junto al régimen de incentivos.