Código de Turberas del Reino Unido
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La 'Ley Pompón' chilena de 2024 prohíbe la extracción de turba y regula la cosecha de musgo Sphagnum en unos 3,2 a 4 millones de hectáreas de turberas; una investigación independiente reveló que las afirmaciones de más de 20.000 familias dependientes superaban ampliamente a las 1.357 personas realmente certificadas para cosechar.
Chile promulgó la Ley 21.660 ("Ley Pompón") en marzo de 2024, tras casi seis años de debate legislativo, retirando las turberas del código de minería y prohibiendo la extracción de turba en todo el país, mientras regula la cosecha sostenible del musgo vivo Sphagnum magellanicum, un producto hortícola comercializado globalmente y exportado principalmente a mercados del sudeste asiático. La CONAF estima que la ley afecta a unos 3,2 millones de hectáreas de turberas (regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes), aunque investigadores del CR2 sitúan la extensión de turberas patagónicas por encima de 4 millones de hectáreas.
La ley establece requisitos de plan de cosecha y certificación mediante capacitación en lugar de una prohibición total, basados en tasas documentadas de regeneración del musgo de apenas 2,5-5 mm/año en Magallanes y unos 4 mm/año en Aysén (una hebra cosechada de 15 cm necesita entre 30 y 60 años para regenerarse).
Entre 2019 y 2023, los registros oficiales del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) muestran que 1.357 personas a nivel nacional completaron la capacitación de sostenibilidad requerida, con 270 planes de cosecha presentados. Una investigación independiente de CIPER Chile encontró que el lobby de la industria infló progresivamente las afirmaciones de empleo, de 3.000 personas (2021) a más de 20.000 familias (2023), ninguna de ellas respaldada por los propios registros de certificación del SAG.
Las cifras infladas del lobby probablemente contribuyeron a que la ley final permitiera la cosecha de musgo en lugar de la "protección total" propuesta originalmente en 2018. El episodio es un caso raro y bien documentado de verificación de hechos independiente que responsabiliza a la legislación ambiental frente a evidencia real en lugar de afirmaciones económicas no verificadas.
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