Managing the increasing risk of wildfires in a changing climate, Sweden

Suecia registra entre 2.000 y 8.000 incendios forestales al año, concentrados entre abril y agosto, con una frecuencia e intensidad que se espera que aumenten con el cambio climático, sobre todo en el sur y a lo largo de la costa báltica. Las 41 millones de hectáreas de Suecia son forestales en un 68%, la propiedad de la tierra está muy fragmentada (48% de propiedad privada, unas 315.000 personas) y el Derecho de Acceso Público complica la coordinación.

Tras los grandes incendios forestales de 2014 y 2018, que expusieron debilidades en la capacidad de respuesta de Suecia, el gobierno modificó la Ley de Protección Civil para clarificar funciones y responsabilidades, reforzar la coordinación, mejorar la detección temprana/previsión y aumentar los recursos de extinción de incendios y la concienciación pública.

La Agencia Sueca de Contingencias Civiles (MSB) obtuvo mayor autoridad para supervisar el cumplimiento municipal y coordinar recursos entre jurisdicciones; el SMHI y el MSB elaboran conjuntamente previsiones de peligro de incendio y una aplicación pública; en 2022 se introdujo la detección por satélite, complementando la vigilancia aérea y con drones; la capacidad nacional de extinción de incendios incluye ahora al menos 10 helicópteros y 4 aviones cisterna vinculados a rescEU, además de más de 20 depósitos regionales de equipamiento.

Los incendios de 2014 y 2018 causaron daños directos asegurados estimados en más de 500 millones de coronas suecas (~43 millones de EUR) cada uno, con costes sociales que probablemente superaron los 1.000 millones de coronas suecas (~87 millones de EUR) cada uno. La industria forestal sueca genera unos 120.000 millones de coronas suecas de valor añadido al año y emplea a 120.000 personas, lo que enmarca los riesgos económicos asociados a los incendios forestales.

Entre los factores de éxito citados están la alineación de prioridades políticas y públicas, mandatos legales más claros en virtud de la Ley de Protección Civil, una amplia difusión de la tecnología y experiencia pertinentes, y la aceptación social a través del currículo escolar sobre el Derecho de Acceso Público. La presión presupuestaria recurrente sobre los recursos nacionales compartidos se señala como un posible factor limitante en el futuro.