El Organismo Judicial (OJ) de Guatemala comenzó a comprar servicios de inteligencia artificial en julio de 2025 para apoyar el análisis de los amparos, el recurso constitucional que utilizan los guatemaltecos para impugnar violaciones de derechos. La plataforma resultante, MEIA-Amparos, se construyó sobre el modelo Gemini de Google y está diseñada para resumir expedientes, identificar motivos de apelación, extraer normas legales citadas y redactar borradores de resolución para el personal judicial.
Entre julio de 2025 y agosto de 2026, el OJ emitió 15 órdenes de compra separadas por un total de Q1.3 millones (unos 167.000 dólares), todas por debajo del umbral de aproximadamente Q90,000 que de otro modo exigiría una licitación pública competitiva. Las 15 se adjudicaron a la misma empresa, Business Development Group S.A. (BDG), sin competencia, la cual fue sancionada dos veces en 2025 por retrasos en la entrega. Investigaciones periodísticas de Prensa Libre y La Hora documentaron el patrón y citaron a expertos legales guatemaltecos que lo describen como 'fraccionamiento', una división de contratos usada para eludir la fiscalización de las compras públicas.
El uso de la herramienta se ha ampliado desde entonces del análisis de amparos a otras tareas administrativas de procesamiento de documentos dentro del Organismo Judicial, y puede procesar hasta 350 expedientes por periodo contractual. Sin embargo, más de un año después de la primera compra, el OJ no ha publicado datos de desempeño, cifras de precisión ni una evaluación independiente del efecto del sistema sobre la carga de casos o la calidad de las resoluciones, un vacío que juristas y observadores internacionales señalan como un riesgo serio dado el papel creciente de la IA en decisiones que deben respetar el debido proceso y la independencia judicial.
De dónde se obtuvo la información de esta práctica, y cuándo.