Multi-Hazard approach to early warning system in Sogn og Fjordane, Norway

Sogn og Fjordane, un condado costero y montañoso de Noruega con un turismo estacional considerable, se enfrenta a avalanchas, deslizamientos de tierra, tormentas costeras e inundaciones frecuentes, con una escasa accesibilidad en las comunidades periféricas que aumenta la vulnerabilidad. Se instaló y probó una demostración de sistema de alerta multirriesgo en el municipio de Aurland.

En el marco del proyecto europeo Clim-ATIC, la demostración pretendía establecer y probar un sistema de alerta poblacional centrado en las personas, con un enfoque multirriesgo y rentable, utilizando teléfonos móviles y redes sociales, basado en infraestructuras y marcos legislativos ya existentes en lugar de sistemas nuevos.

Un grupo de referencia se reunió cuatro veces (2008-2010) para definir las especificaciones; se eligieron las alertas por SMS/voz vía teléfono como canal principal, probadas a través del centro de operaciones de emergencia ya existente a nivel de condado, 'Alarmsentralen'. Se realizó un ejercicio de alerta real el 10 de junio de 2010, junto con un ejercicio de gabinete sobre la capacidad de respuesta de las autoridades locales, con difusión a través del sitio web, Twitter, Facebook y los medios locales del gobernador del condado.

La alerta de prueba llegó a 2.500 teléfonos móviles (SMS) y 322 líneas fijas (mensaje de voz); la publicación en Facebook estuvo visible durante 2 horas y recibió 201.849 visualizaciones. La eficacia se evaluó mediante un formulario de evaluación en línea y una encuesta puerta a puerta en Høydalen. El coste total del proyecto fue de 105.145 EUR (55.377 EUR de fondos de contrapartida del gobernador del condado de Sogn og Fjordane, 49.768 EUR del Programa de la Periferia Norte).

El sistema resultó técnicamente viable utilizando infraestructuras existentes, pero nunca fue adoptado por las autoridades nacionales o subnacionales, debido a limitaciones presupuestarias y barreras legislativas/de confidencialidad que impedían compartir los datos de geolocalización de las operadoras de telecomunicaciones para alertas dirigidas. Los eventos climáticos extremos recurrentes desde 2010 no han dado lugar a su implementación.