Ley 5777/2016 de Paraguay — Criminalización Integral del Femicidio y de Todas las Formas de Violencia Contra las Mujeres

Antes de 2016, la ley paraguaya trataba el feminicidio como homicidio agravado en lugar de como un delito autónomo, lo que dificultaba el enjuiciamiento de los asesinatos por motivos de género e imposibilitaba la recopilación sistemática de datos.

La Ley 5777/2016 se propuso crear el feminicidio como delito autónomo, establecer un marco jurídico integral que abordara la violencia física, psicológica, sexual, económica y reproductiva contra las mujeres, y construir la capacidad institucional para monitorearla y responder a ella.

Promulgada en diciembre de 2016 y reglamentada por el Decreto 6973 (2017), la ley: (i) crea el feminicidio como delito autónomo, con una pena de 10 a 30 años de prisión; (ii) establece un marco integral que aborda la violencia física, psicológica, sexual, económica y reproductiva; (iii) ordena la creación del Observatorio de la Mujer (Artículo 31) dentro del Ministerio de la Mujer, para monitorear y producir datos anuales sobre la violencia contra las mujeres; y (iv) exige coordinación interinstitucional entre la policía, el Ministerio Público, los servicios de salud y los organismos de protección social.

La aprobación de la ley provocó un fuerte aumento de los casos denunciados: se presentaron 13.491 denuncias de violencia doméstica en 2017, un récord en su momento, lo que indica un aumento de las denuncias por parte de las víctimas y una mejor clasificación policial. Entre 2019 y 2022, el Observatorio documentó 143 muertes por feminicidio, un promedio de 36 al año, o una cada diez días. Los datos revelan que el 94% de los agresores eran conocidos de la víctima, el 86% eran parejas íntimas actuales o anteriores, el 76% de las víctimas tenía entre 18 y 44 años, y los feminicidios ocurrieron en 16 de los 17 departamentos de Paraguay. Sin embargo, las tasas de condena siguen siendo bajas en relación con el volumen de casos: tanto la revista de investigación del propio Ministerio Público como ONU Mujeres han documentado deficiencias en la capacidad de investigación y los servicios de apoyo a las víctimas.

La ley es ampliamente citada como un avance normativo esencial, que ha permitido por primera vez un monitoreo sistemático de la violencia de género, pero cuya aplicación requiere una inversión estatal sostenida. Paraguay cuenta con un 23,8% de mujeres en el parlamento (febrero de 2024), lo que pone de relieve que el progreso legislativo y judicial coexiste con brechas de representación más amplias.