Desde una campaña nacional realizada en 2018-2019, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social española (ITSS) utiliza un software de cruce de datos —comparando el volumen de facturación, el tamaño de la plantilla y los tipos de contrato entre los registros fiscales y de la Seguridad Social— para detectar empresas con indicios de uso indebido de contratos temporales, a tiempo parcial o fijos-discontinuos, o de impago de horas extra. Las empresas señaladas reciben primero una carta de aviso; las que no se regularizan por sí solas se enfrentan a inspección y sanción.
En su primer año, la campaña de 2018 convirtió a 193.946 trabajadores temporales en contratos indefinidos, más del doble de las 92.925 conversiones registradas en 2017, y dos tercios de las empresas se regularizaron voluntariamente solo con la carta. Una reforma de enero de 2021 de la ley sancionadora LISOS amplió el modelo, permitiendo a los inspectores levantar algunas actas de infracción a partir del cruce automatizado de datos, sin visita presencial. En 2022, una campaña relacionada contra las horas extra no remuneradas registró 32.644 inspecciones, 11.070 infracciones —más del doble del total de 2019— y 13,7 millones de euros en sanciones. En Cataluña, la inspección autonómica aplicó el mismo enfoque de big data en 2025-2026 y detectó indicios de fraude en 4.100 contratos de 2.500 empresas, más de la mitad relacionados con el uso indebido de contratos fijos-discontinuos.
El propio sindicato de inspectores, SITSS, ha advertido públicamente de que automatizar las actas de infracción corre el riesgo de sustituir el criterio directo de los inspectores por garantías legales insuficientes, y varios juristas han comparado el riesgo de opacidad del modelo con el sistema neerlandés SyRI de detección de fraude, anulado por los tribunales en 2020 por vulnerar la privacidad y las garantías procesales. España no ha publicado los criterios de puntuación del algoritmo.
De dónde se obtuvo la información de esta práctica, y cuándo.