Los Sundarbans, el mayor manglar continuo del mundo (unos 10.000 km2, de los cuales cerca del 60% en Bangladesh), se gestionan desde 2008 mediante un sistema formal de cogestión destinado a conciliar la conservación de la biodiversidad con los medios de vida de más del 18% de los hogares de la zona costera sudoriental de Bangladesh que dependen de él, principalmente a través de la pesca.
La cogestión se introdujo en el marco del Nishorgo Support Project de USAID (2008-2012) y se consolidó mediante el proyecto Integrated Protected Area Co-management (IPAC) a partir de 2010. Se basa en una estructura de cuatro niveles, de lo local a lo nacional: Foros de Conservación Comunitaria (VCF) y Foros Populares (PF) a nivel comunitario, Grupos de Patrulla Comunitaria (CPG) para el monitoreo de recursos sobre el terreno, y Comités de Cogestión (CMC) que vinculan a las comunidades con el Departamento Forestal de Bangladesh. El IPAC reclutó a 643 miembros de las aldeas para los grupos de patrulla; el proyecto sucesor CREL, financiado por USAID (2008-presente), reclutó a 185 más, con apoyo técnico y financiero también de la agencia alemana GIZ. Las mujeres participan en todos los niveles, lo que los investigadores asocian con una mayor concienciación sobre las normas forestales, redes sociales más amplias y nuevas oportunidades de generación de ingresos.
Una evaluación por pares publicada en 2024 en la revista Ecology & Society examinó el programa desde la perspectiva de los usuarios locales del bosque y ofreció un panorama mixto: encontró avances genuinos en la participación comunitaria y la capacidad de monitoreo, pero también documentó limitaciones persistentes, como la sobreexplotación de recursos, un reclutamiento deficiente de especies arbóreas nativas clave, degradación del hábitat, especies invasoras y zonas donde el conocimiento ecológico local no se incorporó adecuadamente a la toma de decisiones.
No se reportan datos específicos del programa sobre captura de carbono o retención de suelo/agua; la evidencia más sólida reside en la propia estructura de gobernanza —su escala, su respaldo institucional y su evaluación independiente por pares— más que en resultados ecológicos cuantificados.
De dónde se obtuvo la información de esta práctica, y cuándo.