Empoderamiento de las familias abandonadas de trabajadores migrantes — Tayikistán

Entre 2013/2014 y 2016, ONU Mujeres y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) implementaron el proyecto «Empoderamiento de las familias abandonadas de trabajadores migrantes en Tayikistán», financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, en el valle de Rasht (incluido el distrito de Jirgatol) y la región de Khatlon. El programa respondió a un problema social de gran escala: con alrededor de 1,5 millones de ciudadanos tayikos —en su mayoría hombres— trabajando en el extranjero cada año, cientos de miles de esposas «dejadas atrás» enfrentaban abandono o divorcio informal y pérdida de ingresos y protección social, permaneciendo a menudo dependientes de la familia extendida del marido para la vivienda, según la costumbre local.

El proyecto combinó formación en medios de vida, apoyo a microempresas, asistencia jurídica y servicios psicosociales, prestados a través de grupos de autoayuda comunitarios de mujeres, en asociación con las ONG locales Fidokor (desarrollo empresarial) y Surkhob (apoyo jurídico). Al finalizar, había formado 387 grupos de autoayuda y 30 iniciativas económicas conjuntas —incluida la cooperativa lechera «Asamat» en el valle de Rasht—, brindado formación en medios de vida a 3.000 esposas abandonadas y apoyo jurídico gratuito a casi 4.500 mujeres. Un resultado político significativo fue el Decreto Gubernamental n.º 448 (2 de julio de 2015), que por primera vez reconoció formalmente a las esposas e hijos abandonados de trabajadores migrantes como una categoría socialmente vulnerable con derecho a servicios de apoyo estatal.

Comentarios independientes de la OSCE/OIDDH y del Institute for War and Peace Reporting (IWPR) confirman la magnitud y persistencia del problema subyacente, pero también señalan brechas sin resolver: una aplicación legal débil contra los maridos ausentes (solo unos 100 casos judiciales iniciados hasta 2017), una propuesta legislativa de 2013 para una base de datos de seguimiento de migrantes que el gobierno rechazó, y normas culturales persistentes que dejan a las mujeres dependientes de sus suegros. No se encontró ninguna evaluación de impacto independiente y auditada del programa; todas las cifras cuantitativas provienen de los propios informes de ONU Mujeres, y el alcance —unos pocos miles de mujeres— sigue siendo modesto frente a una estimación de 230.000 a 300.000 hogares afectados en todo el país.