Aprobado el 20 de julio de 2016 con una donación inicial de la IDA de 50 millones de dólares, el Proyecto de Respuesta a la Crisis de Emergencia en Yemen (YECRP, proyecto del Banco Mundial P159053) se ejecuta a través del Fondo Social para el Desarrollo y el Proyecto de Obras Públicas de Yemen, con el PNUD, en un contexto de conflicto civil que dejó sin medios de vida a unos 8 millones de yemeníes. A través de más de cinco financiaciones adicionales, la financiación del proyecto creció hasta 871,72 millones de dólares según un informe de situación del Banco Mundial de 2020.
El proyecto paga salarios de corta duración por trabajos como el pavimentado en piedra, la pintura de escuelas y la producción artesanal, y contrata a mujeres como educadoras comunitarias de salud y nutrición. Un reportaje del Banco Mundial de marzo de 2021 registró unos 423.000 participantes en total, de los cuales el 22,8% (unas 96.000) eran mujeres, y documentó un caso individual: Wasila, de 27 años, desplazada a un campamento al oeste de la ciudad de Taiz, que ganaba unos 18.000 riales yemeníes (unos 6 dólares) por semana en trabajos de pavimentación, pintura y artesanía.
La inclusión de las mujeres es un resultado secundario y parcial de un proyecto de infraestructura de emergencia, no un objetivo de género específico: las mujeres siguieron representando menos de una cuarta parte de los participantes. Una ficha informativa distinta del PNUD sobre el mismo proyecto, con una fecha diferente, cita cifras generales distintas (financiación de 300 millones de dólares, unas 400.000 personas empleadas, 2,5 millones con acceso a servicios) y no ofrece ningún desglose por género, una carencia real en el seguimiento consistente por género.
Las cifras de financiación varían mucho entre los años de los informes (50 millones, 300 millones, 400 millones y 871,72 millones de dólares) debido a sucesivas reestructuraciones, lo que dificulta una comparación única y estable. El propio trabajo es de corta duración y mal remunerado (unos 6 dólares/semana en el caso documentado), lo que plantea dudas legítimas sobre un empoderamiento económico duradero frente al simple alivio de emergencia, y el conflicto en curso, con una gobernanza dividida, limita la verificación independiente de los resultados sobre el terreno.
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