Una Advertencia de 1200 Millones de Dólares — RD Congo Cancela Su Contrato Nacional de Identidad Biométrica por Costos y Fallas de Gobernanza

La Oficina Nacional de Identificación de la Población (ONIP) de la República Democrática del Congo fue encargada de construir el primer registro nacional de identidad biométrica del país, capturando huellas dactilares, imágenes faciales y datos del iris para emitir documentos verificables en un país donde gran parte de la población carece de identificación formal. Hacia 2021-2022, la propia estimación del ONIP situaba el costo del sistema y su infraestructura de apoyo en unos 360 millones de dólares. Un consorcio liderado por la empresa francesa de biometría Idemia y la intermediaria congoleña Afritech, encabezada por Samba Bathily, obtuvo derechos exclusivos para construirlo.
Para cuando se finalizó el contrato, el costo previsto había subido a 1200 millones de dólares, más del triple de la estimación original del ONIP. El Banco Mundial se negó a ayudar a financiar el proyecto, citando la ausencia de un proceso de licitación competitiva. Internamente, un memorando del ONIP de 2023 advertía que el acuerdo podía convertirse en una "estafa enorme", y la Inspección General de Finanzas del país cuestionó por separado la legalidad y viabilidad de la estructura de financiamiento propuesta.
Estas advertencias se hicieron públicas el 9 de agosto de 2024, cuando Bloomberg y Lighthouse Reports publicaron una investigación conjunta que detallaba denuncias de mala gestión financiera e irregularidades de costos en el acuerdo. Tres días después, el 12 de agosto de 2024, el director general del ONIP, Richard Ilunga, canceló el contrato de 1200 millones de dólares. No dio una razón pública explícita, pero la cancelación se produjo justo después de la investigación y de las advertencias internas ya existentes.
No se abrió ningún centro de registro biométrico ni se inscribió a ningún ciudadano bajo el contrato antes de que este fuera anulado. La brecha de identificación que el proyecto pretendía cerrar sigue sin resolverse, y el episodio constituye un caso de advertencia para otros gobiernos que consideren grandes contratos de identidad biométrica con un único proveedor, sin licitación competitiva ni supervisión financiera independiente.