Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) — Mecanismo Mexicano de Respuesta de Emergencia al Feminicidio

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es un mecanismo federal creado al amparo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de México, de 2007. Permite que la sociedad civil u organismos gubernamentales soliciten al gobierno federal declarar una emergencia en un estado o municipio con tasas persistentemente altas de violencia contra las mujeres, activando medidas coordinadas de prevención, justicia y apoyo en los tres órdenes de gobierno.

A mediados de la década de 2020, se han activado alertas específicas por feminicidio en 19 de las 32 entidades federativas de México, con una alerta adicional por 'agravio comparado' vigente en otras dos. Sin embargo, los datos nacionales muestran poco avance: la tasa de feminicidio se situó en 1,5 por cada 100.000 mujeres en 2022, estadísticamente sin cambios respecto a cuatro años antes. Entre 2013 y 2023, México documentó 7.246 feminicidios, de los cuales menos del 25% derivaron en una sentencia condenatoria. Solo entre enero y septiembre de 2025 se registraron 2.120 asesinatos de mujeres, de los cuales únicamente 513 se investigaban como feminicidios.

Las evaluaciones independientes son francas sobre la brecha entre el diseño del mecanismo y su implementación. Un análisis de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) y de investigadores académicos describe las respuestas de la AVGM como frecuentemente inoportunas, calificando el mecanismo como 'necesario pero insuficiente'. Una investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) encontró presupuestos de la AVGM opacos y difíciles de rastrear, sin informe de gasto en datos abiertos para 2021, y señaló que el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario federal encargado de supervisar el mecanismo no celebró reuniones de seguimiento en el último año analizado. La AVGM sigue siendo un modelo jurídicamente relevante —hoy citado en propuestas similares en otros países de América Latina—, pero su trayectoria muestra cómo un mecanismo legal bien diseñado puede no traducirse en menos violencia sin financiamiento sostenido, transparencia y continuidad.