El 14 de julio de 2026, la Provincia de Buenos Aires (la más grande de Argentina, con sede de gobierno en La Plata) aprobó el Decreto 742/2026, que crea un marco provincial para el desarrollo, uso y gobernanza de la IA en la administración pública, y establece un Registro de Inteligencia Artificial obligatorio a cargo de la Dirección Provincial de Innovación Digital, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno Digital.
El decreto se apoya en dos resoluciones de 2025 (4/25 y 9/2025) que ya habían fijado reglas para el uso responsable de la IA, y adopta una clasificación de riesgo en cuatro niveles inspirada directamente en el Reglamento europeo de IA: "inaceptable" (prohibido, por ejemplo manipulación subliminal o puntuación social), "alto" (identificación biométrica, infraestructura crítica, justicia, procesos laborales — sujeto a requisitos estrictos), "limitado" (por ejemplo chatbots genéricos) y riesgo "nulo". Todos los organismos centrales, descentralizados y autárquicos de la Provincia deben registrar las características, el estado y las modificaciones de cada sistema de IA; los municipios pueden adherir voluntariamente.
Como el decreto tiene apenas semanas de vigencia, todavía no existen datos públicos sobre cuántos sistemas fueron registrados, el grado de cumplimiento de los organismos, ni el efecto real del registro: la iniciativa es un diseño de gobernanza, todavía sin resultados demostrados.
De dónde se obtuvo la información de esta práctica, y cuándo.