Centro de Asistencia y Asesoramiento para Agresores de Violencia Doméstica de Drochia — el único programa comunitario activo de Moldavia, en crecimiento pero con pocas derivaciones

El Centro de Asistencia y Asesoramiento para Agresores de Violencia Doméstica de Drochia, en el norte de Moldavia, abrió en 2012 como el primer centro especializado de asesoramiento para agresores del país, con la ONG Artemida y siguiendo el enfoque estadounidense Duluth; después se abrieron centros similares en Chisinau, Causeni y Ocnita, pero la mayoría de los programas de ONG han cerrado. Los participantes son derivados sobre todo por los servicios de libertad condicional u obligados por los tribunales que dictan órdenes de protección, aunque también cabe la derivación voluntaria por trabajadores sociales o policía.
Un análisis de 2025 encargado por UNFPA y elaborado por la Red Europea para el Trabajo con Agresores de Violencia Doméstica (WWP EN), con la Inspección Nacional de Libertad Condicional y la Administración Nacional Penitenciaria, halló que en 2024 Drochia era la única ciudad con un programa comunitario activo. Las inscripciones pasaron de 55 (2021) a 64 (2022), 96 (2023) y 135 en los primeros nueve meses de 2024; sumando todos los proveedores (prisión, libertad condicional, comunidad), 155 hombres participaron en 2022 y 193 en 2023. En el programa comunitario lo completaron el 75 % (2022) y el 78 % (2023), con un 22 % y un 16 % de abandonos. El presupuesto estatal del centro fue de 773,6 miles de lei en 2021, 846,5 en 2022, 709,5 en 2023 y 700,0 en 2024.
El programa también deja ver debilidades del sistema. Solo alrededor del 4 % de las 2.232 (2022) y 2.144 (2023) personas condenadas por violencia doméstica en libertad condicional fue derivado a un programa para agresores; las recomendaciones policiales a los tribunales para programas obligatorios abarcaron el 2-3 %. Los profesionales lo atribuyen sobre todo a la falta de programas disponibles. Prisiones y libertad condicional carecen de presupuesto específico, y el programa penitenciario consta de 13 sesiones de una hora en tres meses, por debajo del mínimo de seis meses de las normas europeas.
La evidencia es explícitamente limitada: se registran la finalización y la asistencia, pero el análisis advierte de que una alta tasa de finalización puede o no traducirse en cambio de conducta violenta, y no se halló evaluación independiente de resultados ni de reincidencia. El caso es un ejemplo honesto de un programa pequeño, financiado por el Estado, en el marco del artículo 16 del Convenio de Estambul, con currículo coherente pero infrafinanciado y con pocas derivaciones.