Programa modelo para agresores de violencia doméstica — el esquema ucraniano de derivación judicial y ejecución municipal (Orden n.º 1434, 2018)

En octubre de 2018, el Ministerio de Política Social de Ucrania aprobó un programa modelo para agresores de violencia doméstica (Orden n.º 1434, modificada por la Orden n.º 588 de octubre de 2021). Conforme a la Ley de Prevención y Lucha contra la Violencia Doméstica, la derivación a un programa para agresores es una medida de protección que puede imponer el tribunal, y el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal permiten derivar también a condenados y sospechosos. Los programas duran de 3 a 12 meses y los ejecutan las administraciones estatales y autoridades locales, sobre todo mediante servicios sociales públicos y algunas ONG, solo en el ámbito comunitario; no existen programas de libertad condicional.
Una revisión regional de 2022 de ONU Mujeres y el UNFPA, en el marco del programa UE 4 Igualdad de Género, cartografió 19 programas ucranianos. Halló que el 74 % trabaja sobre todo con personas derivadas por tribunales, que el 74 % admite también voluntarios (alrededor del 20 % de su caso medio), que el 84 % recibe financiación estatal y que el 74 % afirma que es permanente. También halló que el 79 % atiende a menos de 25 agresores al año, que las tasas de derivación varían mucho entre regiones e incluso entre distritos de Kiev, y que no hay datos completos sobre las medidas de protección dictadas. Solo el 5 % considera el enfoque de género un elemento central, y el currículo más usado es neutral en materia de género. Los programas suelen añadirse a servicios sociales existentes sin recursos adicionales, y la rotación del personal es alta.
La evidencia de resultados es débil: el 74 % dice medir resultados, pero sobre todo mediante entrevistas al agresor o inventarios psicológicos, malos indicadores de cambio de conducta. No se encontró ninguna evaluación independiente de la reincidencia ni de la seguridad de las supervivientes. El UNFPA informó de 414 derivaciones a programas para agresores en 2020, frente a más de 80 000 personas registradas por actos de violencia doméstica o de género. La revisión se realizó durante la invasión rusa, por lo que no se pudo entrevistar a supervivientes ni agresores.
La práctica se presenta como caso parcial y de advertencia: un diseño jurídico sólido, que muestra cómo un Estado puede integrar la responsabilización de los agresores en el derecho civil y penal, pero con poco alcance y sin evaluación de resultados. Los autores de la revisión recomiendan una duración uniforme de 12 meses y un plazo fijo de inscripción.