La detección de conflictos de interés de ChileCompra — cruzar los beneficiarios finales de los proveedores con la nómina del empleo público

Con un convenio de intercambio de datos de 2025, ChileCompra y la Contraloría General de la República cruzan los datos de compras de Mercado Público (más de 20 000 millones de dólares al año) con SIAPER, el sistema de personal de la Contraloría. El objetivo es saber si personas naturales con el 10 % o más de un proveedor — 196 000 identificadas en el primer nivel societario — son o fueron funcionarias de los organismos compradores. El trabajo se enmarca en la reforma de la Ley 19.886 (Ley 21.634), que extiende la prohibición de contratar a todos los funcionarios y sus parientes.
El informe de enero de 2026 de ChileCompra señala que notificó a 153 entidades del Estado y organismos fiscalizadores sobre 1131 órdenes de compra con 287 proveedores, por $3452 millones (enero–noviembre de 2025). Un medio de prensa cita otro recuento (3806 órdenes, 257 compradores, 563 proveedores), por lo que las cifras no están asentadas. ChileCompra afirma que su Observatorio monitorea el 100 % de los procesos, usa IA y procesamiento de lenguaje natural, y que los informes de alerta a los organismos fiscalizadores aumentaron 207 % en 2025; su cuenta pública 2025 indica que 64 instituciones notificadas aplicaron medidas correctivas, como sumarios o nulidad de contratos.
Un ejemplo citado es la Municipalidad de Canela, donde la Contraloría detectó 32 procesos de compra por $110 millones con una empresa de un funcionario municipal. ChileCompra subraya que los casos marcados son riesgos por analizar, no infracciones probadas, y no explica cómo fija el umbral de riesgo.
Los próximos pasos anunciados son alertas en línea que podrían advertir o bloquear una oferta al ingresarla si existen vínculos prohibidos, y un proyecto con modelos de lenguaje para documentos previsto para fines de 2026. No se encontró evaluación independiente de la Contraloría.