Fondo de Desarrollo de Asentamientos Informales de Egipto — Programa Nacional de Clasificación y Reubicación de Áreas Inseguras

Egipto creó el Fondo de Desarrollo de Asentamientos Informales (ISDF, ahora integrado en el Urban Development Fund) mediante decreto presidencial a finales de 2008, dotando al gobierno nacional de un único organismo para identificar y clasificar la vivienda informal 'insegura' en todo el país mediante un sistema de riesgo de cuatro grados: Grado Uno (peligros ambientales/geológicos que amenazan la vida), Grado Dos (condiciones de construcción o del emplazamiento inadecuadas), Grado Tres (contaminación industrial o falta de servicios básicos) y Grado Cuatro (tenencia de la tierra insegura).

El objetivo del fondo era clasificar e intervenir en la vivienda informal insegura a nivel nacional, dando prioridad al desalojo de las áreas de Grado Uno, las que representan mayor riesgo para la vida.

Para 2013, el ISDF había identificado 365 áreas inseguras a nivel nacional, con una población estimada de aproximadamente 1,1 millones de personas; un informe de 2018 centrado únicamente en El Cairo identificó 112 áreas inseguras que albergaban a casi 4 millones de residentes. Las familias desalojadas de zonas del centro de El Cairo como el Triángulo Maspero y Duweiqa fueron reubicadas en complejos construidos para tal fin a 18-45 km del centro, con la actividad comercial prohibida en las nuevas viviendas.

El gobierno dio prioridad al desalojo de las áreas de Grado Uno y, en 2020, declaró a Egipto libre de vivienda insegura de Grado Uno, tras el compromiso asumido por el presidente el-Sisi en 2018 de eliminar los barrios marginales a nivel nacional. Una investigación independiente encontró que casi el 80% de las familias indemnizadas del Triángulo Maspero reinvirtieron sus compensaciones en vivienda informal en lugar de en las unidades formales ofrecidas, y los investigadores han documentado casos en que familias de menor riesgo fueron reubicadas antes que familias de mayor riesgo.

El ISDF/UDF es, en efecto, uno de los mayores programas de asentamientos informales liderados por el Estado en el mundo en cuanto a área y población abordadas, y su clasificación de riesgo de cuatro grados es una herramienta de política distintiva. Pero se trata de un modelo impuesto desde arriba, administrado de forma centralizada, con una participación limitada de los residentes en las decisiones de reubicación, y sus hitos autoinformados de 'vivienda insegura eliminada' deben leerse junto con hallazgos académicos independientes sobre la perturbación económica y el deterioro de los medios de subsistencia entre los hogares reubicados —un contrapunto de advertencia frente a los modelos de mejora coproducidos con la comunidad.