El auge municipal de cámaras con reconocimiento facial por IA en Guatemala — una década de contratos sin licitación y sin ley de protección de datos

Las instituciones públicas de Guatemala llevan más de una década construyendo una red de cámaras con inteligencia artificial y reconocimiento facial, casi sin ningún marco legal dedicado. El despliegue documentado más antiguo data de junio de 2014, cuando la Ciudad de Guatemala instaló aproximadamente 1.900 cámaras, cerca del 10% de ellas con capacidad de reconocimiento facial vinculada a la base de datos nacional de identidad de RENAP, con un costo reportado de 150 millones de dólares; un viceministro de la época afirmó que el sistema redujo la violencia hasta en un 40% en los sectores monitoreados, una cifra que nunca ha sido auditada de forma independiente.
Un análisis de investigación de registros de contratación pública realizado en 2026 por la redacción guatemalteca sin fines de lucro Agencia Ocote encontró que, entre 2022 y 2026, instituciones públicas de Guatemala —sobre todo municipios, encabezados por la Ciudad de Guatemala— adjudicaron al menos Q69.940.405 (unos 9,1 millones de dólares) en 122 contratos de videovigilancia y reconocimiento facial por IA. El 91% de ese gasto se adjudicó mediante compra directa, sin licitación pública. La municipalidad de la Ciudad de Guatemala representó el 52,9% del gasto total, incluida una actualización de reconocimiento facial para 50 cámaras de su centro de monitoreo C4 (octubre de 2025, Q89.849,76) y un nuevo contrato de servicios de reconocimiento facial (marzo de 2026, Q89.900). La universidad pública Universidad de San Carlos instaló, por separado, más de 40 cámaras con reconocimiento facial en sus campus entre 2023 y 2024.
Guatemala no cuenta con una ley de protección de datos personales ni con un régimen de permisos para la instalación de cámaras de vigilancia. La investigación de Agencia Ocote encontró que un contrato municipal de marzo de 2026 incluía la 'detección de multitudes y manifestaciones' entre las funciones anunciadas del sistema, y no identificó ninguna evaluación de impacto en derechos humanos publicada para ninguno de los 122 contratos revisados.
Esta práctica se incluye como un caso cautelar documentado: una adquisición de vigilancia por IA real, sostenida y geográficamente extendida, respaldada por registros públicos de gasto, que continúa desde hace más de una década sin evaluación independiente de resultados ni un marco de gobernanza correspondiente.