El EVAAS del distrito escolar de Houston — un tribunal concluye que los docentes no tenían forma real de verificar el veredicto de un algoritmo

Desde 2012, el distrito escolar de Houston (más de 215 000 alumnos, 283 escuelas) usó EVAAS, un modelo propietario de valor añadido de SAS Institute, para calificar a los docentes, y fijó como meta despedir al 85 % de los calificados como ineficaces. SAS trataba el algoritmo como secreto comercial, por lo que ni el distrito ni los docentes podían reproducir una puntuación para comprobarla.
La Federación de Docentes de Houston y varios maestros demandaron en 2014. El 4 de mayo de 2017, el juez Stephen Smith desestimó las alegaciones de debido proceso sustantivo, porque el sindicato no demostró que el sistema fuera inconstitucionalmente vago o carente de vínculo racional con los objetivos del distrito, pero dejó seguir adelante la alegación de debido proceso procesal. El comunicado del sindicato cita el fallo: los docentes «no tenían una forma significativa de asegurar el cálculo correcto de sus puntuaciones EVAAS». El juez escribió que «los algoritmos son creaciones humanas y están sujetos a error como cualquier otra empresa humana». El distrito había puesto fin a su contrato con SAS en 2016, pero el tribunal consideró que eso no extinguía el caso.
En octubre de 2017 el distrito llegó a un acuerdo: se comprometió a no usar puntuaciones de valor añadido para despedir a un docente mientras este no pueda comprobarlas o impugnarlas de forma independiente, a restringir su uso, a crear un panel consultivo sobre evaluación y a pagar 237 000 dólares en costas. El presidente del sindicato afirmó que el acuerdo pone fin, en la práctica, a los despidos basados en valor añadido en Houston, porque ningún proveedor cumpliría el estándar de debido proceso fijado por el tribunal.
Qué muestra: es un caso de advertencia, probado en los tribunales, no una historia de éxito. Las fuentes no documentan ninguna mejora medida de la enseñanza ni del valor público; la lección es que las decisiones públicas de alto impacto basadas en una puntuación que los afectados no pueden reproducir ni impugnar quedan expuestas a impugnación. Las fuentes son la prensa judicial y el comunicado del sindicato, por lo que el enfoque de los demandantes debe leerse con esa cautela.