El Consejo de Estado italiano y la asignación algorítmica de docentes — cognoscibilidad, supervisión humana y no discriminación como reglas vinculantes

Tras la Ley 107/2015, el ministerio de educación italiano usó un algoritmo para asignar plazas docentes en el plan extraordinario de contratación y el procedimiento de movilidad de 2016. Profesores que quedaron por detrás de colegas peor clasificados pidieron ver cómo funcionaba el algoritmo e impugnaron los resultados ante la jurisdicción administrativa.
En sentencias de 8 de abril de 2019 (n.º 2270) y de 13 de diciembre de 2019 (n.º 8472), el Consiglio di Stato admitió que los algoritmos pueden usarse en procedimientos administrativos, pero con garantías. Fijó tres principios: cognoscibilidad, es decir, el derecho a saber que existe un proceso automatizado y a recibir información útil sobre su lógica; no exclusividad, es decir, una decisión con efectos jurídicos no puede basarse solo en tratamiento automatizado y la supervisión humana debe poder validarla o rechazarla; y no discriminación, quedando la corrección lógica y la legalidad del algoritmo sujetas a control judicial. El tribunal se apoyó en el artículo 22 y el considerando 71 del RGPD.
Los recursos del ministerio fueron rechazados porque la opacidad del algoritmo vulneraba estos principios. Las sentencias se consideran hitos sobre algoritmos administrativos. Su límite es que actúan mediante litigio individual: fijan una norma, pero no crean por sí mismas un registro público ni un deber de auditoría.