Red de Programas de No Violencia del Ministerio de Justicia de Nueva Zelanda

Desde el 1 de octubre de 2014, el Ministerio de Justicia de Nueva Zelanda financia una red nacional de unos 48 proveedores aprobados que ofrecen programas de no violencia, programas de seguridad para adultos y programas Kaupapa Māori a personas implicadas en violencia familiar, con más de 6.000 personas derivadas por los tribunales cada año.
Una evaluación encargada por el Ministerio y publicada en noviembre de 2018 (Paulin, Mossman, Wehipeihana, Lennan, Kaiwai, Carswell et al.) emparejó a 434 infractores que asistieron a un programa de no violencia tras una derivación judicial no obligatoria con 434 infractores comparables que no asistieron, mediante emparejamiento por puntuación de propensión. En los 12 meses siguientes, el grupo tratado cometió hasta un 46% menos de delitos de violencia familiar y un 49% menos de delitos no relacionados con violencia familiar que el grupo de control, evidencia que los evaluadores calificaron de 'razonablemente sólida' para esta vía de derivación concreta, que cubre aproximadamente un tercio de los participantes. La tasa de finalización en este grupo fue del 85%.
Los resultados autoinformados por 488 usuarios encuestados por los proveedores en 2017, y por 40 usuarios entrevistados para la evaluación, respaldaron estos hallazgos, describiendo menor violencia, mayor autocontrol y mejores relaciones.
Una investigación de 1News publicada en julio de 2023 planteó serias reservas: con 48 proveedores que emplean criterios de éxito inconsistentes, basados sobre todo en la mera finalización del curso, dos hombres que habían completado programas de no violencia financiados por el Ministerio cometieron después actos de violencia mortal de gran repercusión, incluido el autor del asesinato de Grace Millane. Voces de proveedores e investigadores citadas en la misma investigación sostuvieron que los programas habituales de 8 semanas quedan muy por debajo de las 20 semanas que la investigación sugiere como necesarias, y que, una vez finalizado el mandato judicial, no existe ningún mecanismo para seguir el comportamiento a largo plazo. La ministra de Justicia de Nueva Zelanda solicitó posteriormente datos actualizados de reincidencia de quienes completaron los programas.