Remotely from Georgia — Un Registro Gratuito y Rápido para Nómadas Digitales en la Pandemia

En agosto de 2020, mientras la pandemia de COVID-19 vaciaba la economía georgiana, dependiente del turismo, la Administración Nacional de Turismo de Georgia puso en marcha "Remotely from Georgia": un registro en línea y gratuito que permitía a trabajadores remotos de unos 95 países con acceso sin visado entrar y trabajar legalmente en Georgia durante hasta 360 días, siempre que acreditaran 2.000 dólares de ingresos mensuales o 24.000 dólares en ahorros.
A diferencia del Welcome Stamp de Barbados, de pago, el programa georgiano no cobraba tasa de solicitud: los candidatos simplemente se registraban en línea, aceptaban una cuarentena obligatoria de 12 días y presentaban prueba de seguro médico y de fondos suficientes. Este diseño de bajo coste y baja burocracia se apoyaba explícitamente en el ya bajo coste de vida de Georgia (los alquileres y el coste de vida en Tiflis eran entonces entre un 70% y un 88% inferiores a los de Nueva York, según datos citados de Numbeo/WSJ), posicionando al país como una base de baja fricción para profesionales independientes de su ubicación durante la pandemia.
Según estadísticas publicadas por la Administración Nacional de Turismo de Georgia y recogidas por Eurasianet, el programa atrajo a más de 2.700 participantes registrados en sus primeros cinco meses (agosto–diciembre de 2020). Georgian Journal informó de que las cifras de la GNTA seguían situando a los participantes registrados en "más de 2.700" en marzo de 2023, lo que sugiere que el crecimiento se estancó en gran medida tras el repunte inicial de la pandemia, sin acumularse en los dos años siguientes.
El programa ha sido sustituido desde entonces: a medida que la estancia estándar sin visado en Georgia se amplió a un año completo para muchas nacionalidades, "Remotely from Georgia" perdió su ventaja distintiva, y varios medios lo describen como progresivamente eliminado y en gran parte obsoleto a mediados de la década de 2020. No se encontraron datos públicos sobre el impacto económico posterior (gasto, recaudación fiscal, creación de empleo); la única métrica verificable es el número de participantes registrados. Se trata de un caso genuinamente cautelar: una intervención rápida y de bajo coste de la era pandémica que logró una adopción temprana pero no se mantuvo como instrumento de política diferenciado una vez desapareció la justificación de emergencia.