SALER — el sistema de alertas rápidas de Valencia frente a riesgos de fraude y conflictos de interés en el gasto público

SALER (Sistema de Alertas Rápidas) lo gestiona la Inspección General de Servicios, órgano de control interno de la Generalitat Valenciana, al amparo de la Ley 22/2018, de 6 de noviembre. Analiza pagos directos, registros de contratos (licitación, adjudicación, ejecución), datos de subvenciones y algunas fuentes externas, como bases de datos notariales y diarios oficiales.
El Centro de Conocimiento Antifraude de la Comisión Europea enumera siete consultas de ejemplo, entre ellas fraccionamiento de contratos, adjudicatarios recurrentes, licitación colusoria y procedimientos no competitivos injustificados. Unos 12 inspectores y cinco técnicos informáticos internos definieron los indicadores; se contrató a dos proveedores de TI para construir los algoritmos. El anteproyecto de ley se publicó en 2017, con un convenio con la Universitat Politècnica de València y la Fundación Baltasar Garzón.
Cada alerta se investiga y se clasifica como error (corregido y archivado), mala práctica (corregida, con posible seguimiento) o posible infracción o fraude (remitida a policía y fiscalía). Las alertas no son públicas.
La evidencia es escasa: una versión inicial genera informes sobre contratación y subvenciones, pero la página de la Comisión no ofrece cifras de casos detectados, ahorros o recuperaciones. Los obstáculos señalados son datos de contratación electrónica incompletos, documentos sin digitalizar, reticencia de algunos departamentos a compartir datos, cumplimiento del RGPD y la necesidad de una ley que dé cobertura jurídica a los inspectores.